29 detenidos en la operación por el presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 29 personas en una macrooperación en Cataluña contra el presunto desvíos de fondo públicos de la Diputación de Barcelona. Según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado, se trata de dinero que estaban destinados a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo y que no habría llegado a sus beneficiarios. Los investigadores se han centrado en el presunto desvío de más de 2 millones de euros, pero no descartan que la cantidad sea más elevada. Entre los arrestados está el expresidente del ente Salvador Esteve, el reusense presidente de la Fundación CATmón y quien fue secretario de Relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas y su mujer, Judit Aixelà, el alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia y el exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells.

En la operación, de nombre 'Estela', han participado cerca de 500 agentes de la policía española y está dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción. A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

La investigación arrancó ahora hace dos años a raíz de denuncias presentadas sobre la manera de proceder, la asignación y la justificación de las subvenciones de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Entre estas denuncias hay anónimas, según ha explicado el cuerpo policial, pero también de la CUP y la CGT, que en el 2016 denunciaron en la Oficina Antifraude que el área de Relaciones Internacionales habría otorgado subvenciones y adjudicado contratos por la vía de la concesión directa a empresas afines entre los años 2012 y 2015. El responsable del área, Jordi Castells, dimitió a mediados del 2015, según la policía, «a raíz de las noticias aparecidas en la prensa que lo acusaban de repartir más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro».

Los agentes han hecho 14 registros en varios despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, entidades sin ánimo de lucro, domicilios particulares y empresas que presuntamente habrían sido favorecidas con más de 2 MEUR de dinero público destinados a la cooperación al desarrollo de terceros países. Según la policía, dos de estas entidades, CATMón e IGMAN, muy domiciliadas a la misma dirección de Barcelona, habrían recibido entre el 2011 y el 2015 más de 10 MEUR procedentes de diferentes organismos públicos catalanas, entre ellos la Diputación de Barcelona. Por este motivo, los investigadores sospechan que el presunto fraude podría más más elevado. En este sentido, uno de los registros se ha producido en Reus, en el domicilio de Judit Aixalà, mujer del presidente de la Fundación CATmín Víctor Tarradelles. Los dos han sido detenidos, aunque Tarradellas no se encontraba en Reus.

Según la investigación, la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo en los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones no se llevaron a cabo, y se habrían creado emprendidas expresamente para el cobro de las subvenciones, informes finales «copiados literalmente de Internet», facturas falsas y actividades presupuestadas no realizadas.

La policía nacional y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el dinero de las subvenciones transitaba presuntamente «de forma anómala» entre las cuentas bancarias de IGMAN, Catmón y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L para ser reintegrado en efectivo, destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para acabar en las cuentas personales de los investigados.

Uno de los detenidos ha sido el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, que después de ser trasladado a la comisaría de la Aliseda ya ha quedado en libertad. También ha sido detenido el alcalde de Tordera y actual diputado delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información, Joan Carles Garcia, que durante el mandato de Esteve fue el diputado responsable del área de relaciones internacionales.

Entre los detenidos también hay responsables de Pimec, cuya sede en Barcelona también ha sido registrada, así como directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas. Se han hecho cacheos en varios municipios, como Barcelona, Gerona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, Olot, Tordera o Cabrils.

En la Diputación de Barcelona se han hecho registros en Barcelona en la sede de la Rambla de Catalunya y también en su Oficina de Cooperación al Desarrollo de la calle Londres. También se ha registrado la sede de Plataforma Educativa de Gerona, una agrupación destinada a ayudar a los ciudadanos en situación de riesgo.