Junqueras, Romeva y Forcadell cargan contra Llarena por vulnerar su derecho de defensa

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exdiputada Anna Simó han presentado delante de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo sus respectivos recursos de reforma contra el auto de procesamiento del magistrado instructor Pablo Llarena. En sus escritos, cargan duramente contra la instrucción de la causa, y acusan a Llarena de vulnerar gravemente su derecho de defensa, así como de tener un claro «sesgo» en contra suya. Por eso, han pedido archivar la causa, ante la falta de indicios incriminatorios que alegan, o traspasarla al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es, según ellos, el tribunal a quien correspondería juzgar el caso.

En tres recursos en los cuales ha tenido acceso el ACN, los políticos de ERC aseguran que el Supremo no es el tribunal competente para instruir esta causa, ya que correspondería al TSJC. Así, recuerdan que todos los actos supuestamente delictivos se han producido exclusivamente en Cataluña, y que sus supuestos efectos en el exterior no tienen que predeterminar el juzgado investigador. En el mismo sentido, insisten en que el propio Supremo, la fiscalía y el TSJC han asumido reiteradamente en anteriores ocasiones que el delito de rebelión se tiene que juzgar en el tribunal catalán, como en el caso del 9-N. También se quejan de que el hecho de ser juzgados por el TS impide que haya una segunda instancia de recurso de la posible sentencia.

Pero donde más críticos están con Llarena es por la supuesta vulneración de su derecho de defensa, que Junqueras y Romeva califican de «ataque». Así, recriminan a Llarena sus «prejuicios» contra los investigados, ya que muchos de los indicios se interpretan siempre en contra de ellos, cosa que el derecho penal prohíbe.

También recriminan que la causa esté dividida entre el Supremo, la Audiencia Nacional española y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, aunque no todas las partes están personadas en los tres órganos judiciales. De hecho, critican que se utilicen indicios conseguidos en otros juzgados para incriminar los investigados en el Supremo, como declaraciones de encausados y testigos o informes de la Guardia Civil, sin que ellos puedan preguntar nada. En el mismo sentido, critican que se haga una investigación «extrajudicial» por parte de la Guardia Civil sin presencia de las defensas.

Asimismo protestan por el hecho de que Llarena utilice contra los investigados sus alegaciones de inocencia, cosa prohibida por la legislación internacional, y también ha alegado que el magistrado ponga «trampas de caza» a los políticos exiliados en el extranjero.

Todo eso, según ellos, demuestra que Llarena se mueve más por criterios de «oportunidad política» que por la aplicación rigurosa de la legislación.

Con respecto a los delitos de rebelión y sedición, todos reiteran los argumentos ya utilizados sobre la ausencia de violencia en el proceso soberanista catalán, excepto «incidentes anecdóticos». En este sentido, también citan jurisprudencia internacional y de la justicia alemana.

Forcadell y Simó, además, alegan que su actuación en la Mesa del Parlament fue siempre siguiendo el reglamento de la cámara, que no puede vetar iniciativas formalmente relacionadas con los debates ni impedir la modificación del orden del día por parte del mismo pleno del Parlament.

Igualmente, se defienden con el principio de inviolabilidad parlamentaria para utilizar su libertad de expresión y de ideología política.

Forcadell, además, se defiende ante la acusación de Llarena de haber recibido los días previos al 1-O los observadores internacionales del referéndum. La expresidenta del Parlament explica que mientras tuvo el cargo hizo más de un millar de actos públicos, 62 de los cuales fueron visitas de políticos extranjeros. En aquel caso, ella recibió a los observadores como eurodiputados.

Por otra parte, Forcadell también ha presentado un recurso aparte contra la decisión de Llarena de abrir piezas separadas por los políticos exiliados. Eso, según ella, rompe la «continencia de la causa» y podría abrir la posibilidad de diferencias entre las resoluciones judiciales sucesivas.