ERC quiere plantear Lluís Salvadó para controlar las cuentas del Parlament

Cs y PSC han censurado hoy que Esquerra proponga Lluís Salvadó como uno de los diputados interventores para controlar los presupuestos del 2018 en el Parlament, ya que recuerdan su situación de investigado por malversación de fondos públicos, pero también por sus polémicas declaraciones machistas.

La Mesa del Parlament ha acordado hoy que en el próximo pleno se designe a los diputados interventores para el periodo presupuestario del 2018, una responsabilidad que recae tradicionalmente en tres diputados y que se suele repartir entre los grupos mayoritarios de la cámara, en este caso, Ciutadans, Junts per Catalunya y ERC.

Mientras Ciutadans volverá a proponer Antonio Espinosa y Junts per Catalunya optará por su diputado Narcís Clara, ERC planteará el nombre de Lluís Salvadó, una propuesta que ha recibido el rechazo de Ciutadans y PSC.

Desde la formación naranja, la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha mostrado su rechazo a la propuesta del nombre de Salvadó des d'ERC para controlar las cuentas del Parlament, dado que el exsecretario de Hacienda de la Generalitat está investigado por malversación, desobediencia y prevaricación.

POr otra parte, la portavoz parlamentaria de PSC-Units, Eva Granados, ha anunciado en rueda de prensa que su grupo votará en contra de la designación de Salvadó porque consideran que «no es una persona adecuada para ser interventor» al estar imputado por malversación de fondos públicos.

Además, Granados ha recordado que hace unas cuantas semanas los socialistas ya pidieron su dimisión por los comentarios machistas que hizo en una conversación telefónica con un compañero de partido y que fue filtrada a los medios de comunicación.

«Entendemos que no puede representar el conjunto de la población», ha subrayado Granados, que ha detallado que su grupo pedirá la votación por separado del candidato, cosa que no se suele hacer en este tipo de trámites, para emitir su voto negativo.

Salvadó protagonizó una polémica a raíz de una conversación telefónica con comentarios machistas, que fue intervenida el mes de julio pasado por orden del juez que investiga los preparativos del referéndum, en el cual el dirigente republicano comentaba en términos sexistas con Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), los problemas del Gobierno para designar a una consellera de Educación y los dos acababan bromeando sobre como es de difícil encontrar mujeres que ocupen sitios de responsabilidad.