Forcadell y Simó piden al TC que las investigue el TSJC y no el Supremo

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exmiembro de la mesa Anna Simó han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que la causa que se instruye en el Tribunal Supremo (TS) pase en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque es lo que correspondería a los diputados del Parlament. Así, reclaman el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y un juicio justo, porque la ley establece que el TSJC juzgue a los parlamentarios catalanes excepto si han cometido delitos fuera de Cataluña.

Según el recurso, los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los cuales están acusadas Forcadell y Simó se habrían cometido exclusivamente dentro de Cataluña y, por lo tanto, el tribunal responsable sería el TSJC, como lo fue por|para el proceso participativo del 9-N contra Masía, Ortega y Rigau. Además, recuerda que en los últimos años, sobre todo durante la última legislatura, se han presentado hasta ocho querellas por sedición o malversación en el TSJC por parte de partidos y sindicatos contra diputados independentistas y en todas el TSJC se ha considerado competente para enjuiciarlas y la fiscalía estuvo de acuerdo. En todo eso, se añade que todavía está abierta la querella contra el Gobierno por parte de la magistrada del TSJC Mercedes Armas por los preparativos del 1-O, causa que en parte también asume el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

Por otra parte, Forcadell y Simó alegan que el fiscal general del estado que presentó la querella contra ellas delante del Supremo, José Manuel Maza, fue compañero durante más de una década de los magistrados que admitieron a trámite la querella, sin que ni la fiscalía ni el Supremo argumentaran de manera extensa porque se cambió el criterio de admisión a trámite seguido hasta entonces. Por último, recuerdan que las instrucciones en el Supremo no disfrutan de una segunda instancia superior donde recurrir las decisiones, cosa que los tratados y jurisprudencia internacional ya han reprochado anteriormente en el estado.

Según la abogada, esta cuestión nunca ha sido abordada antes por el Tribunal Constitucional, y considera que puede marcar la pauta sobre la competencia territorial del Supremo, cosa que también afectaría a otros parlamentos autonómicos. La causa también afecta, según la letrada, a la inmunidad parlamentaria.

Por todo eso, piden que se anulen los dos autos de octubre y diciembre que determinaron el Supremo como órgano instructor, y que se traslade la investigación al TSJC y que se retroceda la causa hasta justo antes del primer auto.