Junqueras pide el traslado urgente a una prisión catalana y permisos para asistir a los plenos del Parlament

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha pedido ante el Tribunal Supremo que su defendido sea trasladado de manera urgente a una prisión catalana. Van den Eynde avanzó que haría esta petición en caso de que el Tribunal Supremo mantuviera a su cliente en la prisión, tal como acabó decidiendo la semana pasada. En un escrito enviado al juez instructor Pablo Llarena, el abogado solicita el ingreso en Brians 1 o en otra prisión que dependa de la Generalitat. Además, también solicita permisos de salida o excarcelación para que Junqueras pueda asistir al pleno de constitución del Parlament previsto para el 17 de enero o al posterior pleno de investidura.

En el escrito, el abogado cita las Reglas Nelson Mandela para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas según las cuales «los reclusos a la espera de juicio disfrutarán de la presunción de inocencia y tendrán que ser tratados de forma consecuente a esta presunción». Según Van den Eynde, la medida de encarcelamiento «no puede tener más consecuencias aflictivas que las necesarias, ni su cumplimiento se puede convertir en una restricción desproporcionada o excesiva de derechos individuales compatibles con la situación de encarcelamiento».

Así, recuerda que entre los principios básicos se establece a las personas encarceladas «tienen que ser tratadas de una manera respetuosa con los derechos humanos, conservan todos los derechos que se les haya retirado por ley» y que las restricciones impuestas «se tienen que limitar a lo que es estrictamente necesario y ser proporcionadas a los objetivos legítimos que se pretendan conseguir con ellas».

Entre los derechos que no son objeto de restricción en situación de prisión provisional «está el derecho político», añade la defensa de Junqueras. En este sentido, recuerda que su cliente tiene la condición de diputado electo en el Parlament. «En situación de prisión provisional, un diputado electo tiene que poder ejercer sus funciones políticas esenciales», argumenta la defensa, y «aunque el encarcelamiento haga incompatible la asistencia diaria a la cámara legislativa o su participación en comisiones parlamentarias (donde podría ser sustituido), no puede implicar la inasistencia al pleno ni la pérdida de su voto». Si fuera así, advierte, «alteraría la función del Parlament y afectaría a un poder del Estado, desnaturalizante» tanto el derecho de participación política como el de representación política de los ciudadanos.

La defensa de Junqueras cita doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y también recuerda que el reglamento del Parlament establece que los diputados tienen el deber de asistir a los debates y votaciones del pleno, siendo la persona «insubstituble» y el voto «indelegable». «Un diputado electo tiene que poder emitir su voto y, por lo tanto, participar en el Pleno. No hacerlo modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular», añade.

Van den Eynde sostiene que la petición de traslado y los permisos para asistir a los plenos no perjudican la instrucción del caso ni limitan la efectividad de la prisión provisional. También advierte que no se argumentar que Junqueras decidió presentarse a las elecciones sabiendo que estaba tomado y que eso «llevaría a permitir la limitación del derecho fundamental», ya que «hay» que recordar que la postulación política» del diputado electo «no es táctica, sino congruente con sus antiguas responsabilidades y su compromiso político público».

«De la misma manera que nadie abogaría para restringir los derechos a la libertad religiosa o de culto, de educación o de asistencia sanitaria a un interno en prisión», se remarca, «se tendría que proteger un derecho tan fundamental como el de la participación política».

Por eso, Andreu Van den Eynde pide el traslado de Junqueras a una prisión próxima al Parlament, desde donde pudiera hacer las salidas necesarias para ejercer sus funciones. En este sentido, recuerda que la prisión de Estremera está a 650 kilómetros de distancia de la cámara catalana. Además, también sostiene que el traslado a una prisión catalana permitiría garantizar «los derechos personales» del investigado como son «estar a menor distancia de su esposa y sobre todo de sus hijos», de 2 y 5 años.