La Audiencia de Barcelona hará pública la sentencia del 'caso Palau' el 15 de enero

La Audiencia de Barcelona hará pública la sentencia del llamado 'caso Palau' el próximo 15 de enero. Acusados y abogados tendrán que acudir a una sala de vistas del Palacio de Justicia donde se los entregará, en mano, el CD con toda la sentencia, que es muy larga, y la parte decisoria, con las posibles penas, en papel. El juicio por el desfalco en el Palau de la Música y la posible financiación ilegal de CDC empezó en marzo del año pasado y se acabó en junio.

Durante el juicio, Fèlix Millet y Jordi Montull, los dos máximos exresponsables del Palau admitieron haberse quedado dinero de la institución y aseguraron que Ferrovial había financiado CDC a través de la entidad musical, cosa que los exdirigentes de Ferrovial y el extesorero de CDC Daniel Osàcar negaron. Durante el juicio tenían que declarar varios políticos, pero la defensa de CDC renunció a la mayoría.

En sus conclusiones definitivas antes de acabar el juicio, la fiscalía rebajó a la mitad las penas de prisión solicitadas para Millet y Montull y pidió 14 años y nueve meses para Millet y 10 años y 10 meses para Montull, delante de los 27 años y medio que pedía inicialmente, ya que tuvo en cuenta el atenuante muy calificada de confesión y de disminución del daño. A los dos les pide 22 millones de euros de multa por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. Pero la rebaja más sustancial fue la petición para Gemma Montull, exdirectora financiera, a quien pedía 26 años de prisión y ahora sólo le pide dos años por apropiación indebida y falsedad y un año más por blanqueo. Esta última pena la podrá sustituir por 14.400 euros y 10 millones de euros de multa. El ministerio público ya no la considera coautora de los delitos de su padre y de Millet, sino sólo cómplice, y le retiró el delito de fraude fiscal.

La fiscalía también pedía siete años y medio de prisión para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, a quien acusa de los delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsedad documental, y pide una multa de 20 MEUR, pena que ha aumentado hasta los ocho años de prisión. Para los dirigentes de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga reclama una pena de cuatro años y seis meses de prisión y 10 MEUR, y ahora pide cinco años de prisión y la misma multa. El fiscal cifra en 6,6 MEUR el dinero que presuntamente habría recibido CDC de Ferrovial a través del Palau de la Música en concepto de «comisiones ilícitas» para la adjudicación de obra pública. Por eso, ya se decomisó este importe a la formación política, que entregó su sede central en Barcelona como fianza.