Mas, Ortega, Rigau y Homs tienen hasta la medianoche del jueves para depositar los 3 MEUR de fianza restantes por el 9N

El expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau tienen hasta la medianoche de este jueves para depositar los 3 MEUR de fianza restantes que les reclama el Tribunal de Cuentas por los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014. El tribunal los exige un total de 5,2 MEUR pero todos ellos ya ingresaron 2,2 MEUR de la fianza el pasado 16 de octubre y pidieron una ampliación del plazo para acabar de consignar el resto. El plazo acaba el jueves a la medianoche y, si no se deposita el total de 5,2 MEUR, el Tribunal de Cuentas embargará sus bienes. El órgano fiscalizador considera a Mas como máximo responsable y, por lo tanto, la persona que tendrá que afrontar el total de la cantidad en caso de que el resto de los investigados no ingresen las cantidades que les corresponden.

El 25 de septiembre pasado el órgano fiscalizador comunicó a Mas que tenía que depositar una fianza solidaria de 5,25 millones por el gasto ocasionado en las arcas públicas en la organización de la consulta del 9-N. La exigencia de fianza afecta a los otros condenados penalmente por un delito de desobediencia con motivo del 9-N: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exconsellera de Enseñanza y diputada Irene Rigau, y el exconseller de la Presidencia y exportavoz del Govern Francesc Homs, aparte de cinco altos cargos del Govern.

El Tribunal de Cuentas considera a Mas como máximo responsable y, por lo tanto, la persona que tendrá que afrontar el total de esta cantidad en caso de que el resto de los investigados no ingresaran las cantidades que se les asignan. Estas son 3.044.399 euros para Rigau –por la adquisición de ordenadores para la consulta-, 2.127.580 a Homs por gastos del departamento de Presidencia relacionados con la consulta, y 839.439 euros a Ortega por partidas del departamento de Gobernación.

Las cantidades corresponden al cálculo de partidas destinadas a la consulta, y en algunos casos se solapan, hecho que sitúa el máximo que puede afrontar Mas en 5,2 millones de euros. Aunque había siete cargos del Govern más en este procedimiento, el Tribunal dejó fuera finalmente la interventora y el jefe de sistemas de información del Consorcio de Educación de Barcelona, Carolina Pardo y Jordi Serra.

La aseguradora SegurCaixa Adeslas denegó a Mas cubrir la fianza porque la póliza de responsabilidad civil que Mas tenía como a cargo de la Generalitat no cubre sanciones derivadas de delitos.

La investigación arranca por la denuncia presentada en mayo por Sociedad Civil Catalana y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, que cuenta con el apoyo de la Fiscalía. La resolución para abrir el procedimiento la firmó Margarita Mariscal de Gante, exministro de Justicia con el gobierno de José María Aznar.

Acciones también por el 1-O

Este mismo tribunal tiene sobre la mesa otros procedimientos contra actuaciones de la Generalitat. En concreto, sobre los gastos ocasionados por el referéndum del 1-O. El secretario de Estado de Hacienda del gobierno español, José Enrique Fernández Moya, ha presentado una denuncia a la Fiscalía de este ente fiscalizador para que el Govern se haga cargo de los gastos de la organización del referéndum del 1 de octubre.

Hacienda solicita que «se adopten medidas» contra el Govern y los responsables de la ANC y Òmnium para determinar «el importe de los daños causados por el erario público» en la celebración del referéndum, que incluyen la publicidad de la campaña en la web oficial y en varios medios de comunicación, la contratación del suministro de las urnas, la apertura de 2.315 colegios electorales (agua, luz, telefonía, limpieza y personal) o los usos de medios informáticos. El ministerio ha admitido que no puede cuantificar el coste del referéndum.

Por otra parte, Hacienda también ha pedido a la Fiscalía de este mismo tribunal que cite a los 200 alcaldes que viajaron el pasado 7 de noviembre a Bruselas para «denunciar la persecución judicial y política», también pide que se investigue a los presidentes de la AMI y AMC y a los eurodiputados Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé. El objetivo: comprobar que no se haya usado dinero público para sufragar gastos del viaje. La petición se ha hecho justo más esta semana y todavía no hay ninguna citación fijada.