Lamela confirma la admisión a trámite de la querella contra el Gobierno destituido por rebelión, sedición y malversación
También ratifica la fianza por valor de 6,2 millones de euros
Puigdemont: «Pides diálogo y te responden poniendo el 155 sobre la mesa»
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado la admisión de la querella de la Fiscalía General del Estado contra el president Carles Puigdemont y los exmiembros de su Govern por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación y también ratifica los 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que ya constaban el anterior auto del 31 de octubre. De esta manera, Lamela ha desestimado los recursos de reforma de algunos consellers actualmente encarcelados –el vicepresidente Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó- y del exmayor de los Mossos D'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana.
La resolución recuerda los argumentos utilizados para admitir la competencia del juzgado para conocer estos hechos, que la jueza unió a las diligencias que ya llevaba por un delito de sedición los días 20 y 21 de septiembre, en qué la sección segunda de la Sala de lo Penal confirmó el 6 de noviembre.
Por lo que hace a las responsabilidades civiles acordadas con respecto a los querellados, Lamela señala que para acordar medidas cautelares contra uno investigado es necesario que se advierta la existencia de indicios de criminalidad y que no hay que esperar a la finalización del periodo de instrucción.
Sobre los 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, la magistrada dice que se fijó este importe de acuerdo con las partidas presupuestarias en que constan en la Ley 4/2017 de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para garantizar los recursos para hacer frente a las necesidades derivadas de la convocatoria del referéndum. Además, argumenta la jueza, también se ha partido de esta cantidad porque es la cifra en qué los «propios querellados» cuantificaron el gasto para celebrar la consulta.
«El hecho de que el Tribunal Constitucional declare nula e inconstitucional la citada disposición adicional quadragèsima y que la Intervención General de la Generalitat de Catalunya haya certificado que sólo una pequeña de esta partida presupuestaria haya sido utilizada no implica que no se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estas finalidades», indica el auto.
Por otra parte, la jueza confirma igualmente la incoación de una pieza separada a raíz de la actuación del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana al frente de la policía catalana. Lamela justifica este punto para tener un correcto control y tramitación de la causa delante de la existencia de una organización en que «cada uno de sus componentes participantes efectuó una aportación al plan secesionista que tenía que llevar la declaración unilateral de la independencia, lo que hace necesaria la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de ellos y la calificación jurídica que aquellos pudieran merecer».