Ecologistas apuntan a la «connivencia» de la Agència de Residus y de Josep M. Tost en la trama de Griñó

El juzgado número 4 de Tarragona ha admitido que las entidades ecologistas GEPEC e IPCENA se presenten como acusación popular en la causa penal contra Griñó por el vertido irregular de residuos en el estado español. Se trata de una pieza que se encuentra en fase de instrucción, para investigar la entrada de residuos desde Italia de manera presuntamente ilegal en los vertederos de Constantí, Riba-roja d'Ebre y Cuenca.

Aparte de la empresa, las dos entidades apuntan a la «responsabilidad» y la «connivencia» de la Agencia de Residuos de Cataluña y de su exdirector, Josep Maria Tost entre los años (2016-2021), a quien han acusado de «trato de favor». También han señalado en el Puerto de Tarragona, el de Barcelona y el de Sagunt.

El pasado mas de enero la Guardia Civil detuvo hasta quince personas relacionadas con unos supuestos vertidos ilegales de basura procedente de Italia en vertederos de Cataluña y de Cuenca. La banda habría depositado de manera ilícita más de 40.000 toneladas a los vertederos desde 2021, consiguiendo más de 19 millones de euros por los servicios prestados. Ahora, el juez investiga los implicados por un delito contra el medio ambiente por la eliminación irregular de residuos, uno de falsedad documental y otro delito de organización criminal.

El presidente del GEPEC, Xavier Jiménez, ha dicho que quieren que «se aclaren los hechos», y más allá de los responsables de Griñó y las empresas de residuos, ha señalado a varias instituciones públicas. Ha apuntado al papel de la Agència de Residus de Catalunya que hizo hasta 55 inspecciones a las plantas de Riba-roja y de Constantí, pero no se detectó ninguna irregularidad. «O son unos ineptos o hay algún tipo de presunta implicación de connivencia o de permitir el que no se podía permitir», ha remarcado Jiménez.

«Trato de favor» de Tost con Griñó

También han denunciado que el 2020 la Agència de Residus sancionó Griñó por el traslado de 120.000 toneladas de residuos entre 2018 y 2020 de Constantí a la planta de Chazar, en Zaragoza, sin la autorización previa de la Generalitat. En aquel momento, la agencia consideró que se trataba de una infracción «grave» e impuso una multa de 15.000 euros. Finalmente, se redujo un 40%, y Griñó solo tuvo que pagar 6.000 euros. El presidente de IPCENA, Joan Vázquez, ha explicado que esta rebaja solo se puede hacer en caso de una infracción «leve» y ha acusado el exdirector de la Agència de Residus, Josep Maria Tost, de «trato de favor» hacia Griñó.

Vázquez ha ido más allá y ha advertido que tienen «datos» que confirmaría que Tost tuvo «relaciones empresariales» con Griñó una vez cesó en el cargo, a pesar de que la ley de incompatibilidades fija dos años sin acciones relacionadas con la anterior responsabilidad.

Papel de los puertos

Las entidades ecologistas también quieren incidir en el papel de los puertos por donde entraban los residuos procedentes de Italia. Serían los de Tarragona, Barcelona y Sagunto, en el País Valenciano. Los últimos meses, el Port de Tarragona no autorizó la concesión para que siguieran importando basura. «¿Es ahora cuando se vulneraba – la ley –?», se ha preguntado Vázquez. «¿Antes llevaban piruletas desde Nápoles o se llevaban residuos? Entendemos que el Port de Tarragona también tiene responsabilidades», ha sentenciado. Además de este ente portuario, también ha apuntado al de Barcelona y al de Sagunto.

El abogado ha señalado que hay que «acreditar» el «papel» de la administración en este caso. Ha remarcado la importancia de «verificar» qué han sido los «mecanismos de gestión, de control y de fiscalización de las autoridades portuarias».

Poco control

Desde el GEPEC y IPCEMA comentan que estas presuntas irregularidades se han llevado a cabo a causa de la «poca trazabilidad y del poco control» que el estado español tiene en la gestión de los residuos. También han denunciado las tasas «baratas» que tiene España respecto a otros países europeos como Italia. Es un lugar «muy suculento para aquellos que se dedican al tráfico de residuos», ha aseverado Jiménez.

Desde el GEPEC también quieren aclarar si entraron residuos tóxicos y peligrosos, saber dónde se han almacenado y en caso de que así sea, gestionarlos de manera «correcta». Así mismo, reclaman un cambio normativo para evitar que el estado español sea «el vertedero de Europa», y una modificación del Código Penal para endurecerlo.

Demanda contra los autores del documental

Griñó presentó una demanda contra los impulsores del documental Insostenible, emitido en TV3 el 2023, donde se destapaba esta trama. La denuncia la presentó el director general del grupo, Joan Griñó, el día siguiente a las inspecciones y las detenciones de la Guardia Civil a los vertederos y la sede de la empresa. Las acciones legales iban contra el director del documental, Christope Sion, el guionista y periodista de Porta Enrere, Rafa Marrasé, el expresidente del GEPEC, Andreu Escolà, el portavoz de IPCENA, Joan Vázquez, y el mismo GEPEC.

Tres días después, Griñó desistió del proceso y retiró la denuncia. Las entidades ecologistas creen que los servicios jurídicos de la empresa recomendaron a Griñó hacerse atrás porque no se había presentado en el momento «favorable», justo el día siguiente al operativo policial.