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El TSJC abre juicio oral contra Laura Borràs por los supuestos contratos irregulares en el ILC

La fiscalía le pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Borràs vuelve a pedir dimisiones por el 'Catalangate',ACN

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por supuestos contratos irregulares cuando dirigía la Institución de las Lletres Catalanes (ILC). El auto de apertura de juicio va dirigido contra Borràs, un amigo suyo informático, Isaías H., y otro profesional, por los delitos de prevaricación y falsedad documental, que son los que les acusa la fiscalía. Una vez dictada esta resolución el siguiente trámite es dar traslado a las defensas a fin de que presenten sus escritos en diez días y, una vez recibida toda la documentación, se fijará la fecha del juicio. La fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borràs.

El magistrado admite en su resolución que hay diferencias entre su escrito de conclusión de la investigación y el escrito de acusación del fiscal, pero ve esta «diferencia técnica» coma «irrelevante», ya que pasa de cuatro delitos a dos y de cuatro procesados a tres, manteniendo los mismos hechos. El auto no se puede recurrir, pero todavía hay pendiente de resolver algún recurso previo.

Según la fiscalía, como directora de la ILC desde el 2013 en el 2017, Borràs encargó a su amigo, Isaías H.F., la elaboración de la web y su mantenimiento, y lo presentó al personal de la entidad como el responsable de la página. Isaías H.F. hacía de profesor en el máster y posgrado que dirigía Borràs en la UB y también era miembro del grupo de investigación en estudios literarios y tecnología digital Hermeneia, que también dirigía Borràs.

Entre en marzo del 2013 y en febrero del 2017 la ILC adjudicó, por medio de su directora, 18 contratos menores, inferiores a 18.000 euros más IVA, que en total sumaron 335.700 euros con IVA incluido. «Con el fin de ofrecer una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia, y de ocultar su actuación ilícita, Borràs e Isaías H.F. pactaron que en cada uno de estos expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de proveedores diferentes, dos de los cuales no eran ofertas reales sino presupuestos 'comparsa' elaborados falazmente por los acusados Isaías H.F., Laura Borràs y Andreu P.M., con el propósito de simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, encubrir que el adjudicatario real de todos ellos era Isaías H.F. y enmascarar el fraccionamiento ilegal de estos contratos.

El tercer acusado, Andreu P.M., según la fiscalía, conocía estas irregularidades y «aceptó elaborar presupuestos y facturas a su nombre como trabajador autónomo o a través de la empresa APMGC&CE, de las cuales era administrador único, y confeccionó falazmente estos documentos siguiendo las indicaciones de Isaías H.F.». Las ofertas presentadas por este empresario, según la fiscalía, eran para hacer de 'comparsa' o para ganar el concurso, aunque finalmente el trabajo y el dinero fueran para Isaías H.F.. Otras ofertas 'comparsa' fueron presentadas en nombre de otras empresas, cooperativas o autónomos, algunas de las cuales elaboradas directamente por Borràs o su amigo sin el consentimiento de los afectados.

La fiscalía detalla los 18 contratos menores sospechosos, con su objeto, los tres presupuestos presentados, con fecha, proveedor e importe, la propuesta ganadora y el importe y fecha del pago al proveedor. Los contratos se agrupan en seis categorías: creación y desarrollo del portal web de la ILC, web dedicada al Año Joan Vinyoli, plataforma virtual 'Que llegeixes' web del año literario Ramon Llull, web de los 30 años de la publicación de 'Pedra de tartera', de Maria Barbal, y creación mantenimiento de la web del año Bertrana.

Al tercer acusado la fiscalía le pide tres de prisión, diez de inhabilitación y 30.000 euros de multa. En ninguno de los tres los acusa de malversación ni fraude administrativo, como apuntaba el TSJC. En cambio, pide el sobreseimiento provisional de la causa para un empleado de la ILC investigado para colaborar en la elaboración de los presupuestos ficticios, pero que culpó a Borràs de todo. El ministerio público dice que no hay pruebas que colaborara en el entramado.

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