Educació envía un cuestionario a los centros para verificar si sus proyectos se adecuan al nuevo decreto

El Departament d'Educació ha enviado este martes a los centros unas instrucciones que incluyen un cuestionario de siete preguntas para verificar si sus proyectos lingüísticos se adecuan al nuevo decreto. Las direcciones tendrán que contestar las siete preguntas binarias – de sí o no - para saber si pueden mantener el plan actual, o bien si lo tienen que adecuar. Las instrucciones determinan que si se contestan todas las cuestiones en afirmativo, el proyecto del centro cumple con la normativa y, por lo tanto, se puede mantener. Por el contrario, si alguna es negativa, este se tendrá que revisar y modificar el próximo curso. Entre las cuestiones, se pregunta si el proyecto prevé un uso «curricular y educativo «tanto del catalán como del castellano y si evita el uso de porcentajes».

La primera de las preguntas es si el proyecto prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje. La segunda pregunta si el proyecto prevé también que el catalán sea la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. La tercera es la que hace referencia al uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano y la cuarta cuestiona si el proyecto incorpora criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales.

La quinta pregunta pregunta si el proyecto lingüístico tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro, la sexta si tiene en cuenta los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en las diferentes etapas educativas. El cuestionario se cierra con la pregunta sobre si el proyecto lingüística evita el uso de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas.

Verificación antes del 30 de junio

En las instrucciones se especifica que la dirección del centro tiene que verificar que el proyecto se adecua al decreto antes del 30 de junio. Añade que contará con el asesoramiento de la inspección y de los equipos de lengua y cohesión social y que eso se hará mediante el cuestionario de verificación. Será la inspección referente del centro la que validará la compleción del cuestionario.

En los casos en que haya respuestas negativas, habrá que adaptar el proyecto y que esta modificación la apruebe el consejo escolar, en el caso de los centros públicos, o la titularidad del centro habiendo escuchado el consejo escolar, en los caso de los concertados. Una vez hecha la modificación, la dirección o la titularidad del centro tendrán que enviar el nuevo proyecto a la dirección del servicio territorial correspondiente o a la gerencia del Consorcio de Educación de Barcelona.

Las instrucciones concretas que estas actuaciones tienen que estar hechas «en el plazo más breve posible» durante el próximo curso, y con carácter general durante los seis primeros meses.

Educació asume la responsabilidad

Por otra parte, en las instrucciones que se han enviado a los centros se especifica que el Departament «asume la responsabilidad» sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida. En este sentido, el Gobierno recuerda que es el departamento y su responsable – Josep Gonzàlez-Cambray - el encargado de verificarlos y dar su visto bueno, considerando, pues, que los centros no hacen otra cosa que dar cumplimiento a la orden de una instancia superior.

Sin embargo, sí que se insta a los miembros de la comunidad educativa a velar para que se cumplan estos proyectos lingüísticos. En concreto, se acuerda de que los docentes y el personal de atención educativa «no pueden optar por un uso de la lengua diferente del previsto en cada proyecto lingüístico». Desde inspección se revisará que se esté llevando a cabo, ya sea con visitas, controles, u otros tipos de planes específicos.

Por último, se concreta que las instrucciones no afectan a los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil.

Repaso de la normativa

El documento que han recibido las direcciones hace primero un repaso por la normativa aplicable y el camino jurídico que ha llevado hasta el envío de estas instrucciones. Así, se acuerda de que el 16 de diciembre del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció que la Generalitat tenía que tomar las medidas necesarias para garantizar un mínimo de un 25% de clases en castellano.

El conseller asegura que desde entonces la Generalitat ha puesto en marcha varias iniciativas con la finalidad de aprobar un marco normativo estable «que proporcione seguridad jurídica y responda al objetivo de alcanzar un uso normal de las dos lenguas oficiales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos».

La última de estas acciones tuvo lugar este lunes, cuando el Consejo Ejecutivo se reunió de forma extraordinaria para aprobar el decreto ley, que ya está en vigor, pero que se aplicará el próximo curso. El texto concreta que los proyectos lingüísticos y las medidas adoptadas y que no se ajusten a los criterios y objetivos básicos que establece «tienen que ser revisados en el plazo más breve posible» durante el curso 2022-2023.

El documento remarca que el proyecto lingüístico de cada centro se tiene que revisar y modificar», si procede, en función del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las diferentes etapas educativas. La revisión se hará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en periodos no superiores a los dos años.

El decreto ley también constata la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».