El Supremo rechaza la querella de Jordi Sànchez contra Casado por llamarle delincuente

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella del secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, contra el presidente del PP, Pablo Casado, por llamarle «delincuente» y afirmar que destrozó un coche de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 durante el procés.

La querella hacía referencia a unas afirmaciones que Casado realizó el pasado 19 de diciembre en un acto en Zaragoza: «Que un señor que ha sido condenado a 9 años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado a mi no me va a dar lecciones de legalidad ni de democracia».

Y posteriormente en un tuit señaló: «El mundo al revés: un delincuente condenado a 9 años de prisión por dar un golpe al Estado y destrozar patrullas policiales denuncia a quien exige cumplir la ley y la convivencia». La defensa de Sànchez consideraba que afirmaciones como estas podrían ser constitutivas de un delito de calumnias o, subsidiariamente, de injurias, de modo que pidió al Tribunal Supremo que investigara al líder del PP.

Pero la Sala destaca que las expresiones controvertidas «surgen en el curso de una discusión pública que versa sobre asuntos de interés público y que atañe a personas con relevancia pública lo que, de una parte, excluye, en principio, la afectación de la intimidad y, de otra, amplía los límites de la crítica permisible, tanto por la pauta que representa el modo normal en que tales polémicas discurren cuanto por el interés público subyacente». De modo que, continúa, «en estos casos, quedan amparadas por las libertades de expresión e información, no sólo críticas inofensivas o indiferentes «sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar»».

Las palabras de Casado se produjeron después de que Sànchez anunciase una querella contra él por delitos de odio, calumnias e injurias, por unas declaraciones en las que el presidente del PP acusó al Ejecutivo central de tolerar «el señalamiento de un niño de cinco años en Canet, en Cataluña».