Diari Més

Memoria histórica

PSOE y Unidas Podemos pactan que se puedan investigar y juzgar en España los crímenes del franquismo

Los partidos de la coalición acuerdan 30 enmiendas conjuntas al proyecto de ley de memoria democrática

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PSOE y Unidas Podemos han pactado 30 enmiendas conjuntas al proyecto de ley de memoria democrática y han acordado añadir al texto la posibilidad de investigar y juzgar en España los crímenes del franquismo. Según ha informado la formación lila, en una de las enmiendas, los partidos de la coalición plantean que «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura» tengan «la consideración de imprescriptibles y no amnistiables». Este principio del derecho internacional se tendrá que aplicar independientemente de la ley de amnistía de 1977, que no podrá ser impedimento para la investigación de este tipo de crímenes.

Además, los socialistas y la formación lila también proponen que la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura.

De hecho, ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, EH Bildu y BNG ya registraron esta semana una enmienda conjunta que pedía modificar la ley de amnistía de 1977 para que se pueda investigar, juzgar y condenar «a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos».

PSOE y Unidas Podemos también plantean en susenmiendas ampliar el censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes y que se trabaje para establecer el reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982). También proponen crear una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

Una de las enmiendas también plantea cambiar el nombre del Valle de los Caídos para que pase a ser denominado Valle de Cuelgamuros. Aparte, la ley suprimirá los títulos nobiliarios que se concedieron entre 1948 y 1978.

Otra enmienda reconoce «el derecho al resarcimiento de los derechos requisados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura». El texto prevé realizar una auditoría en el año posterior a la entrada en vigor de la ley.

Además, el acuerdo entre los dos socios de la coalición establece la creación de un banco estatal de ADN de víctimas para identificarlas que también incluirá a las personas afectadas por la sustracción de bebés. Otro elemento es que los descendientes de brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española.

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