26 parejas se querellan contra un local de bodas por estafarles 200.000 euros

Un total de 26 parejas afectadas por el cierre repentino del restaurante «Btakora» de Arenys de Mar (Barcelona) han interpuesto una querella contra el propietario del local, al cual acusan de haberlos estafado cerca de 200.000 euros que abonaron sin haber podido celebrar sus respectivos compromisos.

La querella, presentada ante los juzgados de instrucción de Barcelona por el despacho Roca Asociados y a la cual ha tenido acceso Efe, se dirige contra el dueño del negocio, la administradora, la contable, el apoderado y dos titulares de cuentas bancarias donde las víctimas habrían realizado transferencias, así como contra las dos empresas que operaban el negocio.

Las 52 personas afectadas les acusan de un delito de estafa continuada con doble agravante -el valor defraudado supera los 50.000 euros y afecta a un número elevado de personas y por aprovechamiento de la credibilidad de la empresa-, por lo cual podrían enfrentarse a penas de entre uno y seis años de prisión, o subsidiariamente, un delito de apropiación indebida también agravado.

Han pedido así al juez que investigue al propietario, Paulo, que permanece en paradero desconocido desde que el julio pasado el restaurante cerró sus puertas, y a sus socios y exigen que se les imponga el pago de una indemnización de 150.000 euros, además de la devolución de los 200.000 euros abonados por el conjunto de las víctimas.

De acuerdo con la querella, los acusados «urdieron una trama fraudulenta para captar provisiones de fondo de parejas que deseaban contraer matrimonio en sus instalaciones, tanto en su propio beneficio, como para el abono de otros gastos no relacionados con las referidas bodas, bodas que nunca llegaron a realizarse».

Se trata de parejas que planeaban casarse a lo largo de 2020 pero en las cuales, con escasas semanas o días de antelación, se las instaba a cambiar la fecha de la ceremonia alegando motivos relacionados con la pandemia, como el confinamiento de los trabajadores.

Durante todo este tiempo, la compañía seguía cobrándoles facturas por varios conceptos, como la reserva de la nueva fecha o la prueba del servicio de comidas, sabiendo que nunca se celebraría la ceremonia, ya que «nunca realizaron ningún preparativo», según la acusación.

«Hoy día, más de 52 personas se han visto obligadas al pago de unas bodas que no iba a celebrarse, los han engañado, amenazado y abusando desde una posición absolutamente desproporcionada, les han dado largas conduciéndolos al desespero. Y eso, mientras los responsables disponen de todo su dinero, dinero que invirtió en el día que iba a ser el más feliz de su vida, y no la auténtica pesadilla en la cual se encuentran inmersos», subraya la denuncia.

Las víctimas aseguran que pagaron por «miedo» de perder el ya invertido y después de «múltiples engaños y amenazas», especialmente en aquellos casos en los cuales pidieron la rescisión del contrato por no estar de acuerdo con una cláusulas según la cual aceptaban perder su dinero si no se podía celebrar las bodas por «causas de fuerza mayor».

Después del cierre del restaurante, la mayoría de parejas no ha podido casarse por motivos económicos, como François y Elisabeth, quien ha pedido que «se haga justicia».

Tal como ha relatado a Efe, el propietario del restaurante les habría prometido que «un supuesto inversor» se quedaría con el negocio y lo devolvería el dinero, lo cual nunca ha ocurrido, hasta el punto que un día, al contactar con el acusado, este les respondió que «no recordaba ni sabía quién era» aunque aseguran haberle desembolsado más de 14.000 euros para los preparativos del bodas.

«Tenía que ser un día de ilusión (...). Durante mucho tiempo habíamos ahorrado, nos han ayudado a las familias para poder llegar a este día y la desilusión es total. La única cosa que pido es un poco de sensibilidad a exigir justicia, al menos, del dinero que nos han quitado|levantado, porque el resto está perdido», ha lamentado.

Por su parte, la abogada que representa a las víctimas, Laura Pérez, ha alertado de que tanto el teléfono de contacto de la empresa como los correos electrónicos y la página web continúan «operativos y ofreciendo servicios»: «No es que hayan estafado de manera continuada, sino que pretenden seguir haciéndolo», ha subrayado.

Y aunque ha apuntado que «en la jurisdicción penal y civil siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo», también ha recordado que las víctimas han intentado recuperar su dinero sin acudir a la Justicia «durante meses y de todas las maneras», a pesar de lo cual no han conseguido todavía la devolución de los respectivos importes abonados.

«Esta situación no obedece a ningún tipo de lógica», ha resuelto.