El gobierno español plantea una 'herencia publica universal' que todos los jóvenes recibirían para poder emanciparse

El ejecutivo de Sánchez propone, en relación con el transporte por carretera, un impuesto sobre el uso real que se haga del coche y que tenga en cuenta las características del vehículo (peso, potencia, emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero). Este impuesto sustituiría las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles.

El documento también plantea «elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina» en la Unión Europea.

Una «herencia pública universal»

El documento recuerda que las estimaciones apuntan que las herencias «determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España», un porcentaje «muy superior al de países de nuestro entorno europeo». Por este motivo propone que se cree una «herencia pública universal», que es «una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían una vez alcanzada cierta edad» y que «podría utilizarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación». «Ahora mismo puede sonar utópico», admite el documento, «pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países» y «España tendría que explorar esta posibilidad».

Objetivo integrar a 255.000 inmigrantes cada año

El documento alerta sobre el envejecimiento de la población y la pérdida de competitividad y de recursos públicos que comporta pagar las pensiones. Por eso propone «acoger e integrar a centenares de miles de personas inmigrantes de aquí a 2050». Se trata, según los autores, de conseguir «como mínimo un balance migratorio (la diferencia entre las personas que entran y las que salen) superior a las 191.000 personas cada año», sin embargo «si podemos integrar más, mejor».

«Por ejemplo, si conseguimos un saldo migratorio anual del orden de 255.000 personas, la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas, en vez de los 3,7 millones proyectados en un escenario con un balance migratorio de 191.000 personas».