Ocho integrantes de VOX abandonan el partido por «antidemocrático» y «anticonstitucional»

Ocho integrantes de VOX en Extremadura han decidido abandonar este partido por considerarlo «antidemocrático, sin principios, anticonstitucional y que no se somete al Estado de Derecho», además de someter a los afiliados «a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley».

Entre los integrantes de VOX que han tomado esta decisión se encuentran los actuales concejales de la formación en Badajoz, Alejandro Vélez; en Lobón, María Isabel Gragera; en Guadiana del Caudillo, como Antonio Pozo y José Andrés Gámez y tres concejales más, y el que fue candidato a la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, según señalan en una nota de prensa en la que han matizado que los concejales pasaran todos a «no adscritos».

Seguidamente, han mostrado como un «ejemplo» de someter a los afiliados «a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la ley» la reciente Sentencia 035/2021 del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badajoz, por la que se condena a VOX declarando nula la resolución arbitraria del Comité Ejecutivo Nacional por la que se expulsaba a Alejandro Vélez del partido.

«Esta condena, unida a la gravedad de los hechos que se exponen a continuación, motivan el abandono de esta formación política por nuestra parte», han continuado, para tachar VOX de un partido «antidemocrático» en el que la disciplina interna «es una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa».

«El objetivo es cortar de raíz cualquier iniciativa o manifestación que suponga libertad de expresión o acción por parte de los grupos municipales o asambleas legislativas», han señalado, junto con que han sido objeto de técnicas «indecentes» como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados con el objetivo de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente.

Todas las pruebas relativas a estas prácticas, como el teléfono desde donde se intentó el contrato, datos del propietario y una grabación del detective, se enviaron al secretario general, vicesecretario de Organización y Comité de Garantías a los efectos de su investigación interna pero "no hubo reacción, ni acción alguna".

Del mismo modo, consideran que los órganos provinciales se componen de personas de perfil «muy bajo» y que cuanta menos preparación y experiencia profesional se tenga mejor puesto se obtiene, así como que «ningunean a los concejales que no son afines, apartándolos caprichosamente por parte del responsable regional en el grupo de Telegram».