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El Senado da luz verde a los impuestos sobre servicios digitales y sobre transacciones financieras

Ambas figuras impositivas entrarán en vigor a los tres meses de la publicación en el BOE

Una imagen de archivo del Senado.

El PSOE recupera el control en el Senado con mayoríaEfe

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El Senado ha aprobado este miércoles definitivamente los Proyectos de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Según resalta el ejecutivo estatal, las dos nuevas figuras siguen la orientación marcada por la Comisión Europea y otras instituciones internacionales como la OCDE, y permiten alinear España con países europeos que tienen figuras similares. El gobierno español pretende adecuar el sistema fiscal español a las nuevas áreas de negocio digital y a la «realidad transfronteriza» que supone la globalización. Ambos impuestos entrarán en vigor a los tres meses de ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a fin de que los sujetos afectados puedan adaptarse a la normativa.
El gobierno encabezado por Pedro Sánchez ha querido dejar claro a través de un comunicado que «ninguna de las nuevas figuras» gravará clases medias y trabajadoras, «sino las grandes multinacionales con un modelo de negocio digital» que hasta ahora «no estaba recogido debidamente» en el sistema fiscal.

El impuesto afecta a las empresas con una cifra de negocio global superior a 750 millones de euros, y que tengan ingresos superiores a 3 millones en España derivados de los servicios digitales afectados por la tasa. Eso permite, indica el ejecutivo, evitar que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) resulten afectadas por el nuevo tributo.

El tipo de gravamen es del 3% y se aplica a la prestación de servicios de publicidad en línea, a los servicios de intermediación en línea y en venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

El otro impuesto afectará a los «mediadores financieros en operaciones bursátiles sobre grandes cotizadas». Es una tasa indirecta que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean emprendidas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. El ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros anuales con esta nueva tasa.

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