Sánchez defiende que hará una transferencia «sin precedentes» a las autonomías y destaca el «gesto de lealtad»

Ante las críticas, Sánchez ha defendido que este fondo «no tiene precedentes» en la historia democrática española y que se trata de transferencias, no préstamos, por los que los gobiernos autonómicos no tendrán que rendir cuentas ante el gobierno español. Sánchez ha defendido que en el reparto se ha buscado «reflejar con la mayor fidelidad el impacto que la pandemia ha tenido en los presupuestos de cada comunidad».

Así, el fondo se dividirá en cuatro tramos. El primero de ellos será de 6.000 MEUR para inversión sanitaria y se empezará a transferir a julio, el segundo también será para gasto sanitario en base a «criterios representativos» y se pagará en noviembre. La suma de estas dos cifras tiene que ser l»'inici de reparación de las deficiencias que se han detectado al sistema de salud». El tercero se abonará en septiembre y será de hasta 2.000 MEUR en inversión en educación y el último de hasta 5.000 MEUR se repartirá entre las comunidades de régimen común.

Por otro lado, ha expresado la voluntad de celebrar la primera reunión presencial con los presidentes autonómicos una vez levantado el estado de alarma y cuando el País Vasco y Galicia hayan celebrado sus comicios. Hasta el levantamiento del estado de alarma, ha garantizado que se mantendrán las conferencias telemáticas, que ha reconocido que «no han sido una balsa de aceite» ni libres de «tensiones» pero que se han basado en el respeto.

El decreto de 'nueva normalidad', el martes

En su comparecencia, el presidente español ha defendido la necesidad de aprobar el martes el real decreto sobre la 'nueva normalidad' con el fin de dejar fijadas cuestiones que ha asegurado que son importantes para evitar nuevos retoños. Sánchez ha hecho un paralelismo con la necesidad de medicación en caso de enfermedad: «En fase aguda hace falta un tratamiento de choque y cuando remite se pasa a tratamiento más ligero».

«Fuera del estado de alarma, los territorios se tendrán que ver, no diré regulados, sino que amparados», ha añadido, al tiempo que ha afirmado que será «uno paraguas jurídico» y que esperan contar con la «implicación» de las comunidades.

Entre los aspectos que incluirá el decreto, ha destacado medidas de prevención e higiene pública, como la obligatoriedad de utilizar mascarilla a partir de los seis años si no se puede mantener la distancia de seguridad o medidas organizativas en centros docentes, de trabajo, sanitarios, comercios o equipamientos culturales. Un segundo paquete incluirá medidas para garantizar el abastecimiento de medicamentos y material sanitario, y l'»obligació» de facilitar todos los datos para poder hacer seguimiento de la pandemia, así como la garantía de que se hacen PCR «a todo caso sospechoso».

El decreto también incorporará que las autonomías tendrán que garantizar la capacidad» para responder en un eventual retoño. «Hasta que no haya vacuna tendremos que vivir en una normalidad vigilada», ha valorado.

Sobre el fin del estado de alarma, ha explicado que las autonomías en fase 3 podrán pedir que se levante este estado al gobierno español y que será este quién lo acabará autorizando o no ya que ha insistido que esta competencias es exclusivamente del Estado. Estará también en este punto cuando se pueda producir la movilidad entre comunidades.

Insiste en armonizar los criterios para reabrir las fronteras

Sánchez ha aprovechado para insistir en la necesidad de homogeneizar los criterios a escala europea sobre la reapertura de fronteras, tanto internas como con terceros países. «No tiene sentido abrir las fronteras del espacio Schengen y cada país a tercero países porque entonces no habrá control», ha alertado. Por eso, ha pedido en la Unión Europea «liderar» esta cuestión con criterios «armonizados» y basados en los datos epidemiológicos. Ha confiado también llegar a acuerdos «con el buen vecino» Portugal sobre los trabajadores transfronterizos.

En clave europea, también ha apuntado que el próximo 19 de junio estará la primera reunión sobre el reparto de los fondos y ha esperado que haya «más transferencias y menos préstamos».

Por último y sobre la polémica por las diferencias en los datos de mortalidad, ha apuntado que los datos que reportan el Instituto Carlos II o el de Estadística (INE) son «complementarios» a las cifras que aporta Sanidad, basadas en las que le hacen llegar las comunidades según criterios de la Organización Mundial de la Salud (OLMOS). Ha añadido que los dos organismos dependen del gobierno español y que hay máxima voluntad de transparencia. «Cuando superamos la pandemia y con cierta perspectiva podremos saber con más calidad la envergadura en términos de letalidad de la pandemia», ha declarado.