Libertad con fianza de 5.000 euros para otro de los CDR detenido el 23-S
El tribunal ya liberó con la misma fianza a tres arrestados más la semana pasada
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La Audiencia Nacional ha establecido para Jolis las mismas medidas cautelares que impuso a los otros tres CDR que fueron liberados bajo fianza el viernes pasado, según fuentes del tribunal. Así, Jolis tendrá que comparecer todos los lunes en el juzgado de su residencia, se le prohíbe salir del Estado y tendrá que fijar un teléfono, un domicilio y una persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.
Jolis, miembro del CDR de Santa Perpètua de Mogoda, es uno de los dos detenidos el 23 de septiembre que fueron atendidos por un abogado de oficio. Declaró tantodelante de la Guardia Civil como en la Audiencia Nacional. A principios de diciembre, su nuevo abogado presentó una querella ante los juzgados de Sabadell por el trato recibido desde su detención hasta su encarcelamiento, ya que considera que se vulneraron sus derechos fundamentales.
En el sumario del caso, se atribuye a Jolis la creación de los Equipos de Respuesta Rápida (ERT). Según se recoge en el sumario, Jolis declaró antela Guardia Civil que le pidieron consejo sobre si era viable garantizar las comunicaciones durante una semana y sin límite de gastos por una ocupación «pacífica» del Parlamentcon la intención de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, «se quedara cerrado el día D».
A través de Twitter, Alerta Solidària ha asegurado que trabajan «para conseguir la libertad de todos los presos y retorno de todos los exiliados» y ha pedido aportaciones a su número de cuenta corriente para hacer frente a las fianzas y gastos del proceso.
La abogada de Alerta Solidària Eva Pozos aseguró viernes pasado desde las puertas de la prisión madrileña que preveía que poco a poco el resto de encausados irían quedando en libertad porque la causa no se aguantaba desde el pasado 23 de septiembre.
Para los tres que salieron de la prisión de Soto del Real el viernes pasado, la sala concluyó que se podían adoptar medidas cautelares menos graves atendido el probado arraigo personal, familiar, social y económico, que determinaba una «aminoración muy significativa del riesgo de fuga», y que no había riesgo de destrucción de pruebas porque ya se habían practicado gran parte de todas las diligencias.
En el caso de estos tres, la Fiscalía pidió que se les mantuviera encarcelados aunque abrió la puerta a una liberación bajo fianza de 9.000 euros, mientras que la acusación popular, ejercida por el ACVOT, era partidaria de que continuaran en prisión incondicional.