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La Generalitat publicará una lista de los morosos que superen el millón de euros

Aragonès recuerda que el Plan contra el fraude fiscal permitió aflorar 740 millones de euros

El Plan contra el fraude fiscal permitió aflorar 740 millones de euros.

La Generalitat publicará una lista de los morosos que superen el millón de eurosPixabay

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La Generalitat publicará una lista de los contribuyentes con deudas superiores al millón de euros en 31 de diciembre con el objetivo de promover la conciencia cívica y para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Esta es una de 75 las medidas previstas en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2019-2022 y que ha presentado este miércoles por la tarde el vicepresidente del Gobierno, Pere Aragonès, y la secretaria general de Hacienda, Marta Espasa, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament. Ambos han recordado que el plan anterior, comprendido entre el 2015-2018, ha hecho aflorar 740 millones de euros en 207.685 actuaciones. Por figuras impositivas, el más destacado fue el correspondiente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 271,3 MEUR, serie del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (260,8 MEUR) el Impuesto sobre el Patrimonio (171,3 MEUR).

El nuevo plan para estos próximos cuatro años contiene 75 medidas a diferencia de los 86 del anterior y de las cuales 29 son nuevas, mientras que otros se han reformulado o suprimido porque han quedado descontextualizadas. Las medidas girarán sobre cuatro ejes: la prevención del fraude, el control detección y corrección, la implicación social y la organización, recursos y medios. Será en el ámbito del segundo en que el Gobierno tiene previsto publicar la lista de los contribuyentes que tengan una deuda superior al millón de euros, sin tener en cuenta las deudas que estén aplazadas o suspendidas. Otras medidas serán una intensificación el control sobre los sectores de riesgo, como son el inmobiliario, el juego, las subastas y las concesiones administrativas; un análisis y control de operaciones realizadas con criptomeonedas y la creación de un portal de subastas electrónico de la Agencia Tributaria de Cataluña.

Antes, sin embargo, el vicepresidente del Gobierno y la secretaria general de Hacienda han remarcado la importancia de la prevención, en qué ha previsto 37 medidas, como por ejemplo el análisis de la tributación de las diferentes modalidades de economía colaborativa, la creación de una aplicación móvil para hacer las gestiones con la ATC con el objetivo de «facilitar» la relación entre el contribuyente y la administración o la celebración de conferencias y continuar con las sesiones con escolares y adolescentes. Este último punto ha conllevado la crítica del diputado de En Comú Podem David Cid por el hecho de que estas sesiones vayan a cargo de entidades financieras, algunas de las cuales tienen «algunas vinculaciones con paraísos fiscales», según ha denunciado.

En cuanto a la vertiente de implicación social, está prevista la coordinación con el Consejo Fiscal de Cataluña y la implantación de los convenios con los asistentes en la recaudación; mientras que otros hacen referencia a la dotación de más recursos humanos. En este sentido, la plantilla actualmente se ha situado en las 725 efectivos, un 225% máss que en el 2015 y con un incremento de 13 puntos porcentuales de personal cualificado.

Otro de los propósitos de la ATC es incrementar la facilidad a los contribuyentes para hacer las gestiones con la administración tributaria y en este sentido, Espasa ha destacado que el 91% del total de los trámites ya se pueden hacer telemáticamente, el qué representa un incremento del 39% respecto del 2015. Además, la prestación de los servicios digitales a los contribuyentes y ha pasado de un 25% por término medio de presentación telemática de autoliquidaciones en el 2015 a un 81% en el 2018.

Respecto al balance del Plan entre 2015 y 2018, el grado de ejecución de las medidas ha sido del 61% frente del 23% de las que se han alcanzado parcialmente y el 10% no alcanzadas, mientras que el 6% se han considerado «no evaluables». En total, se pudieron hacer aflorar 740 millones de euros, tal como ya adelantó el conseller Aragonès el pasado 14 de mayo coincidiendo con la aprobación del decreto que modifica la Ley 6/2017, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, con el que quiere evitar la picaresca de las personas que tributan bienes de lujo particulares a través de su empresa.

Algunos datos que se desprenden del fraude aflorado es que 36,62 MEUR del sector inmobiliario a través de los intermediarios, 33,17 MEUR en el sector del juego o por ejemplo 49,9 millones de euros por regularización de beneficios fiscales, 24 MEUR por deslocalizaciones ficticias a otras comunidades en el extranjero, 22,5 MEUR de patrimonios que fueron ocultados deliberadamente y 22,3 MEUR no declarados situados en el extranjero.

Aragonès ha recordado que el fraude fiscal es un problema de «primera magnitud» y ha afirmado que puede «tener más impacto acabar cumpliendo obligaciones tributarias que hacer cambios en los tributos» y ha recordado las palabras de Oriol Junqueras cuando señalaba que «el dinero está mucho mejor en los servicios públicos que en los bolsillos de los que ocultan sus obligaciones tributarias».

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de Ciutadans José Maria Cano ha acusado el Gobierno de estar «realmente preocupados» por crear estructuras de Estado y ha dicho que las medidas van encaminadas a «apropiarse del censo de contribuyentes catalanes» y «más allá de las necesarias» para la gestión de los tributos.

Por su parte, el diputado de En Comú Podem David Cid se ha preguntado si no podría crecer la recaudación teniendo en cuenta que el 'tax gap' en el 2014 se acercó a los 790 millones de euros, mientras que el diputado de ERC Josep Lluís Salvadó ha defendido la gestión «rigurosa» de la ATC y que el balance que se ha presentado hoy permite dar un «salto adelante» y convertir Cataluña en «un país referente en cultura y conciencia fiscal». Sobre la reducción de la cifra respecto del 2014, ha añadido que «mal si cada vez detectamos más fraude». «La pregunta no tiene que ser por qué no aumentamos sino porque no la disminuimos», ha dicho.

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