Los presos electos piden al Supremo que los deje en libertad para poder tomar posesión y ejercer el cargo

Los abogados Jordi Pina y Andreu van den Eynde han presentado este miércoles dos escritos ante el Tribunal Supremo para pedir que deje en libertad a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. Solicita la excarcelación no sólo para el 21 de mayo para poder tomar posesión del cargo en la sesión constitutiva en el Congreso y en el Senado (en caso de Romeva) sino también para ejercer las funciones del cargo. En los escritos, recuerdan al tribunal que tiene que pedir la autorización en las cámaras españolas (conocido como suplicatorio) para continuar con el proceso judicial contra diputados aforados, cómo regula la Constitución y la Ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de apuntar que los trámites son largos y que pueden incidir en la continuidad del juicio, no piden abiertamente al tribunal que suspenda las sesiones hasta que obtenga este suplicatorio. Es la segunda vez que solicitan la libertad una vez iniciada el juicio. La primera fue cuando se presentaron a las elecciones del 28-A.

Los abogados de los presos que han salido escogidos al Congreso y al Senado el pasado 28 de abril han remitido este miércoles los escritos al Tribunal Supremo para pedir que los deje en libertad provisional para poder ejercer el cargo. Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull (Congreso) y Raül Romeva (Senado).

Han esperado para hacer la petición una vez han tenido las acreditaciones de la junta electoral conforme son cargos electos y han solicitado poder salir no sólo a la sesión constitutiva de las dos cámaras –fijada para el 21 de mayo- sino también para ejercer «de manera debida y efectiva» la participación en las cortes. Apuntan que hay que respetar los derechos de participación y representación política tanto para ellos como para los electores que los han votado.

De momento, los abogados no plantean ninguna alternativa en caso de que deniegue la libertad ni tampoco apuntan en qué condiciones consideran que se tiene que producir la excarcelación concreta del día 21 para ir al Congreso y al Senado a prometer o jurar la Constitución y tomar posesión del cargo. Un trámite que, necesariamente y por ley, se tiene que hacer de manera presencial ante el plenario.

En el caso de Sànchez, Rull y Turull, el escrito sí que apunta que en todo caso se les puede someter a «medidas menos graves» para garantizar que siguen yendo al juicio, como la retirada del pasaporte o poner todo su patrimonio como fianza.

Pedir autorización al Congreso y al Senado

El tribunal no sólo se tendrá que pronunciar sobre si los deja en libertad. También tendrá que decidir si pide el suplicatorio a las cámaras españolas. En el escrito, también se recuerda al tribunal que la ley prevé que el Supremo tenga que pedir una autorización al Congreso y al Senado para poder procesar aforados en estas cámaras. Así lo recoge tanto la Constitución como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). En el artículo 71.2, la Constitución remarca que no podrán ser ni inculpados ni procesados sin la «previa autorización de la cámara respectiva».

En el caso de los diputados electos, ya fueron procesados en marzo del 2018 por el juez instructor Pablo Llarena y se encuentran en medio de un juicio. Un caso que, según las defensas, no tiene precedentes y que, por lo tanto, pone el tribunal ante una nueva tesitura que tendrá que estudiar. A pesar de estar procesados ya, las defensas entienden que se tiene que pedir igualmente esta autorización o suplicatorio y apuntan que hay que respetar la separación de poderes.

«Si las cámaras quieren renunciar y el Supremo no quiere pedir una autorización que la ley prevé como obligatoria tendrán un problema, porque nuevamente se estará haciendo una excepción en este procedimiento y resultará que los parlamentarios españoles no tienen la protección de la inmunidad reconocida en la Constitución», ha valorado el letrado de Junqueras y Romeva, a Andreu van den Eynde, en las puertas del Tribunal Supremo.

No piden explícitamente la suspensión del juicio

El artículo 753 de la Lecrim también dice que el secretario judicial tiene que suspender los procedimientos» desde el día que se dé conocimiento a las Cortes de la petición del suplicatorio y hasta que «el cuerpo colegislador respectivo resuelva lo que tenga por conveniente». En el escrito, los dos letrados recuerdan estos extremos de la ley pero no apuntan al tribunal qué camino tiene que seguir, y tampoco piden explícitamente que suspenda el juicio mientras se tramita esta autorización.

En las declaraciones, Jordi Pina ha dicho que este artículo es «muy claro» y que, si el Supremo inicia la petición, «es obvio que todos sabemos que la autorización no se resolverá en un día». Pero Pina considera que no tienen que «recordar» al tribunal lo que dice la ley. Además, apunta que existe la hipótesis que el Congreso y el Senado pudieran denegar el suplicatorio y se opusieran a seguir procesando a los diputados. «Sería absurdo que, en esta hipótesis, el juicio siguiera hasta que se resuelva», ha manifestado.

El tribunal, además, tiene otra carta sobre la mesa que también está estudiando. Y es el hecho de poder aplicarles –cómo ya hizo Llarena en la instrucción- el artículo 384bis de la Lecrim que permite suspender de funciones cargos públicos procesados por rebelión y con prisión preventiva decretada. Eso apartó a los diputados encarcelados del Parlament de Catalunya en julio del 2018.

En este caso, los letrados entienden que el Congreso y el Senado son más «garantistas» y que la necesidad de solicitar esta autorización (que el Parlamento no prevé) los sitúa en otro escenario.

Según petición de libertad con el juicio en marcha

Esta es la segunda vez que los abogados de los cinco piden la libertad con el juicio en marcha. El pasado 11 de abril, el tribunal presidido por Manuel Marchena rechazó dejar en libertad a los presos que eran candidatos a las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo. Los magistrados se opusieron a excarcelar a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn (alcaldable por Barcelona). Sus defensas habían remitido escritos pidiendo la libertad provisional de sus clientes para garantizar el derecho a la defensa -poder preparar las sesiones del juicio en libertad- y para garantizar su derecho político y poder participar en la campaña.

El tribunal, sin embargo, se opuso argumentando que no hay vulneración de derechos y justificaba que el sentido de la prisión preventiva es, precisamente, «asegurar» que estén a disposición del Supremo durante todo el juicio. Sobre la vulneración del derecho a defensa aducido por los letrados, el tribunal subrayaba que los presos se pueden sentar junto con los letrados para tener «comunicación fluida y permanente» durante la vista y se los permite «entrevistarse libremente y sin restricciones» a los remansos. Añadían que ser candidatos no excluye la prisión preventiva, «que por sí misma no implica vulneración de derecho político».