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El gobierno español trasladará los restos de Franco el 10 de junio al cementerio de El Pardo

El ejecutivo aprueba la exhumación del dictador a pesar del recurso de la familia al Supremo

Imatge del Valle de los Caídos.

Valle de los CaídosEFE

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El gobierno español trasladará los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos en un panteón de titularidad estatal del cementerio municipal de Mingorrubio - El Pardo (Madrid) el próximo lunes 10 de junio. Lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, este viernes a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ejecutivo concluye así el procedimiento para exhumar a Franco a pesar del recurso presentado por la familia del dictador al Tribunal Supremo, que pide la suspensión cautelar de la decisión del gobierno español. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido que la ubicación escogida «reúne las condiciones idóneas» y «no plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana». La mujer de Franco, Carmen Polo, está enterrada en el mismo panteón donde se reinhumará el dictador.

Calvo ha defendido la fecha escogida y ha destacado que está fuera del periodo de campaña electoral de las elecciones españolas del 28 de abril. Además, la vicepresidenta ha dicho que el plazo acordado hasta el día para hacer la exhumación y reinhumación, el 10 de junio por la mañana, da una «protección importante» a la familia sin «abandonar las competencias y obligaciones» del ejecutivo.

La vicepresidenta ha afirmado que el gobierno «está siempre dispuesto a acatar las resoluciones judiciales», en relación a la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de la familia. «Hacemos uso legítimo de la competencia que tenemos», ha dicho la vicepresidenta, que ha insistido en que dan «tiempo razonable y suficiente a los tribunales para que hagan su trabajo». Calvo ha remarcado que el proceso ha sido «garantista desde todo punto de vista» y siempre han respetado «el ámbito de la administración de justicia».

Sobre la paralización cautelar de la licencia de obras municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para sacar los restos del dictador por parte del juzgado contencioso administrativo número 3 de Madrid, Calvo ha reiterado que no «afecta» al procedimiento. Fuentes del gobierno español han esperado que la familia Franco se oponga a la decisión y presente un nuevo recurso al Supremo contra la decisión aprobada este viernes.

Las mismas fuentes han esperado que el Tribunal Supremo no paralice cautelarmente la exhumación y que el prior del Valle de los Caídos no se oponga después de que el Vaticano haya dicho que no pondrá impedimentos. También han insistido en que la autoridad competente para decidir la exhumación es el ejecutivo y no el Tribunal Supremo, aunque respetarán las decisiones judiciales.

Calvo ha afirmado que es «urgente» exhumar al dictador y convertir el Valle de los Caídos en un lugar de «memoria y recuerdo de las víctimas» de la dictadura. La vicepresidenta ha insistido en que el espacio tiene que ser un lugar de «reposo y respeto» de las «verdaderas víctimas» sin la «perturbación» que supone que esté enterrado Franco. «Hasta ahora no lo había sido», ha dicho.

La exhumación y reinhumación se hará una vez superadas las elecciones y con un nuevo ejecutivo. La vicepresidenta ha dicho que cualquier gobierno que haya en aquel momento lo que tendrá que hacer es «ejecutar» la orden de exhumación, o bien «modificarla». «No hay ninguna otra posibilidad» para garantizar la «seguridad jurídica», ha dicho Calvo.

El procedimiento de exhumación e inhumación se hará en una sola mañana, según han afirmado fuentes del ejecutivo, y garantizará la intimidad de la familia Franco y los restos del dictador. «Estamos en una democracia que protege el derecho a la intimidad» y que es «garantista», ha dicho Calvo, que ha insistido en que el traslado se hará con «pulcritud». «No se trata de ningún espectáculo», ha sentenciado.

Proceso iniciado en verano

El gobierno español inició el procedimiento para exhumar a Franco el pasado 31 de agosto. El real decreto fue convalidado por el Congreso de los Diputados en septiembre. El 15 de febrero de este año el Consejo de Ministros dio un plazo de 15 días a la familia del dictador para notificarlos donde querían que se trasladaran los restos. La familia pidió la reinhumación en la catedral de la Almudena de Madrid, a lo cual se opuso el gobierno español. Al día siguiente el Supremo aceptó un recurso de la familia en que pedía la suspensión de la exhumación.

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