Diari Més

La abogada de Cuixart denuncia que hay poderes del Estado dispuestos a «sacrificar» derechos por la unidad de España

Marina Roig denuncia a la vista del Supremo «la judicialización de un problema político»

Los siete miembros del Tribunal Supremo que juzgarán el 1-O si se confirma la setencia.

Los siete miembros del Tribunal Supremo que juzgarán el 1-O si se confirma la sentenciaACN

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La abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Marina Roig, ha denunciado que hay algunos «poderes del Estado» que están dispuestos a «sacrificar» derechos fundamentales «reconocidos» por la defensa de la unidad de España. Roig ha recordado un discurso del presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lemes, de septiembre del 2017 en qué «situaba en la cúspide del estado de derecho el principio de la indisoluble unidad de la nación española». «Este discurso anunciaba un panorama muy desolador, el sacrificio de derechos fundamentales reconocidos universalmente que algunos miembros de los poderes del Estado parecen dispuestos a sacrificar por la unidad de España», ha dicho. Además, cree que el discurso de Lemes también «presagiaba» la «judicialización de un problema político».

Roig ha defendido que, antes del artículo 2 de la Constitución, «está el artículo 1, que establece que España no es sólo un estado de derecho, sino un estado social y democrático de derecho». También ha añadido que otros artículos de la Constitución «reconocen libertades que son la base de derechos fundamentales». La abogada cree que, en el discurso de Lemes, «se pretendía poner la indisoluble nación española por encima de los derechos fundamentales».

Además, la abogada ha añadido que «de todos los tribunales, hemos ido a buscar, el más sensible a a las influencias del poder político y económico».

La abogada de Cuixart ha añadido que «la criminalización de la movilidad ciudadana, de los derechos de reunión y manifestación, la libertad de expresión y la libertad ideológica» que hacen los escritos de acusación, «suponen una vulneración flagrante de derechos fundamentales reconocidos» y que considera que «están muy por encima de la unidad de España y que no pueden ser sacrificados por mucho que los poderes del Estado se sientan movidos por un sentimiento patriótico mal entendido».

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