El juez del Vendrell cita como investigado el presidente del Puerto de Barcelona Sixte Cambra por el caso 3%

El juez del Vendrell que instruye el llamado 'caso del 3%' ha citado para el próximo 3 de mayo como investigado el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, que hasta ahora sólo había sido detenido por la Guardia Civil. Aquel mismo día también están citados como investigados el exresponsable de régimen interno y abogado de CDC Francesc Sànchez y el teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona en la época del alcalde Xavier Trias, Antoni Vives. Para el 4, 10 y 11 de mayo el juez ha citado diez investigados más. Fueron arrestados en febrero del 2017 por la supuesta financiación irregular del partido político a través de la adjudicación irregular de obras públicas.

Los otros citados a declarar son José María Zaragoza de Pedro, Pedro del Llano Vivancos, Ramon Anglada, Antoni Garcia Bragado, Jordi Duran Vall-llosera y Constantí Serrallonga, director general de la Feria de Barcelona y exgerente del Ayuntamiento de Barcelona en la época de Trias.

La denominada 'operación Pika' la llevó a cabo la Guardia Civil en febrero del año pasado y acabó con 18 detenidos que quedaron en libertad antes de pasar a disposición judicial. Durante toda la jornada se realizaron 24 cacheos en empresas privadas y en tres empresas públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Infraestructuras.cat y Barcelona de Infraestructures (BIMSA).

La Fiscalía Anticorrupción considera que la trama investigada había diseñado una mecánica basada en concursos «arreglados» y «controlados». Los concursos, sostiene el ministerio público, ya estaban «otorgados previamente», a pesar de su «apariencia de regularidad», con el objetivo de financiar irregularmente CDC a través de donaciones a las fundaciones.

Algunas de las obras investigadas, que habrían sido adjudicadas a empresas que habrían vehiculado un 3% del coste a la financiación del partido, son los túneles de las Glorias o el dique este del Puerto de Barcelona. La obra de los túneles de las Glorias fue adjudicada por el consejo de administración de BIMSA en febrero del 2015 a una UTE formada por las empresas Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Copisa i Comsa por 49,6 millones de euros. Los investigadores también requirieron información de las obras del Paralelo, la calle Lucà, el carril bici de Bac de Roda y la carretera de las Aguas, muy vinculadas a BIMSA y muy adjudicadas durante el mandato de Xavier Trias.

También se registraron las oficinas de la constructora Rubau Tarrés en Gerona y al Baix Empordà o la sede de Arnó en Lérida. En total se produjeron cacheos en doce municipios: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lérida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gerona, Berga y Majadahonda.

El Juzgado de instrucción número 1 del Vendrell mantiene abiertas varias piezas derivadas del caso Torredembarra, una de las cuales las comisiones del 3% a cambio de adjudicación de obra pública para financiar la antigua CDC y que comportó detenciones como la del extesorero de la formación Andreu Viloca. En el 2015, lo que empezó con una investigación contra el alcalde de Torredembarra acabó con dos cacheos en la sede central de CDC y en la Fundación CatDem por la supuesta financiación irregular del partido a través de comisiones del 3% por adjudicación de obra pública.

A finales de julio del mismo año la operación 'Petrum' de la Guardia Civil se centró en la empresa Teyco, de la familia Sumarroca, muy vinculada a CDC. A finales de agosto, en plena precampaña electoral para el 27-S, la Guardia Civil entró en varios ayuntamientos, en la sede de los convergentes en la calle Còrsega de Barcelona y en las dependencias de la CatDem. Se registraron los despachos de su tesorero, Andreu Viloca. A finales de octubre los agentes volvieron a entrar en la sede de CDC, en la empresa pública Infraestructuras.cat y en varias empresas adjudicatarias, y se detuvo Viloca, Antoni Rosell, director general de la empresa pública, y otros empresarios.

Otra de las piezas que investiga el mismo juzgado ha supuesto alteraciones en unas oposiciones en que estaría implicada la consultora Effial.