Diari Més

El gobierno estatal advierte Torrent que una investidura simbólica también incumpliría las órdenes del TC

La Moncloa vigila el uso de dinero público con esta finalidad

Imatge de la compareixença de Carles Puigdemont.

Puigdemont grita a la unidad del soberanismo para dar respuesta al «nuevo ataque»

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La vicepresidencia del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este martes que una investidura simbólica de Carles Puigdemont en el Parlament de Catalunya implicaría desobedecer también las órdenes del Tribunal Constitucional. Según Sáenz de Santamaría, el Parlament de Catalunya no puede investir simbólicamente Puigdemont «sin incumplir las resoluciones del TC», de manera que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tendría que tener en cuenta «lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional».

«Los parlamentos están para investir diputados que cumplan la Ley y lo que el reglamento manda, que es ir allí y defender su programa, y Puigdemont está en esta situación porque está huído de la Justicia, y porque tiene una orden de búsqueda y captura». Según Sáenz de Santamaría, «Catalunya merece a alguien que esté a pleno rendimiento, plenos derechos y dentro de la legalidad para trabajar para esta Comunidad Autónoma».

Fuentes del gobierno español han advertido que estarán muy vigilantes sobre el uso de dinero público a esta supuesta investidura simbólica y al mantenimiento de la figura de Puigdemont como presidente. Los partidos independentistas y el Gobierno, alertan, «se pueden meter en un lío».

Con respecto a la posibilidad de que la investidura se produzca al Parlament fruto de un cambio de la Ley de la Presidencia, han alertado de que no se puede hacer efectivo porque las comisiones del Parlamento no están creadas y no pueden iniciar sus tareas hasta la constitución del nuevo ejecutivo.

Según estas fuentes, la investidura ‘simbólica’ de Puigdemont es «un disparate» que hay que ver como pretenden materializar las fuerzas independentistas. Es decir, si lo quieren hacer en forma de Ley, o bien si lo convierten sólo en un «mitin».

En todo caso han adelantado que el Tribunal Supremo suspenderá el derecho político de Puigdemont en los próximos meses y «al final» el presidente destituido tendrá que dar explicaciones ante el magistrado Llarena.

Por si acaso, continúan estas fuentes, La Moncloa trabaja por adelantado y dispone «de equipos de análisis» según los escenarios que se pueden producir.

Con respecto a la incógnita sobre si ya están corriendo o no los tiempos de la investidura, estas fuentes apuntan que esperarán a ver el informe de los letrados del Parlament, aunque han apelado a Ciutadans a mover ficha y como primer partido y forzar Torrent a decidir sobre los plazos.

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