Se mantiene la prisión para Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart y fianza de 100.000 euros en los otros seis

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido mantener en prisión incondicional sin fianza a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En cambio, ha acordado libertad bajo fianza de 100.000 euros para los otros consellers destituidos: Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó.

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El magistrado considera que no hay riesgo de huida pero considera que, en el caso de los cuatro investigados que deja en la prisión, cree que hay riesgo de reiteración delictiva. A la resolución, remarca que las aportaciones que van los investigados que mantiene en la prisión están «directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción en los que se vean afectados por ella». La fianza fijada es el doble de la que tuvo que pagar Santi Vila para salir de la prisión (50.000 euros) pero menor a la impuesta a Carme Forcadell (150.000 euros).

Una vez los seis investigados paguen la fianza y salgan de la prisión, el magistrado del Supremo les impone comparecencias semanales en el TSJC o en un juzgado o tribunal de su conveniencia, la prohibición de abandonar el país y la retirada del pasaporte. El magistrado también les advierte que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones comportaría su inmediato ingreso a prisión.

Llanera considera que no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart. De hecho, el juez se ha centrado especialmente en el riesgo de fuga y la reiteración delictiva a la hora de analizar los requisitos legales para acordar una medida de prisión.

Con respecto al riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los consellers destituidos, del expresidente de la ANC y el presidente de Òmnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament. Por lo que en su aportación al delito, en un principio los sitúa en un plan de principalitat equivalente a lo que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell. También concluye que cuentan con un arraigo personal, laboral y social profundo, así como disposición para atender las citaciones judiciales que se les ha cursado hasta ahora.

En cambio, con respecto a la reiteración delictiva, el magistrado del Supremo hace una distinción entre la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament y la actuación de los consellers y de los 'Jordis'. Considera que la aportación de los primeros se limitó a desatender las decisiones judiciales que se habían dictado, mientras que en el caso de los consellers, Sànchez y Cuixart aprecia un juicio razonable de riesgo de reiteración delictiva, por la «lesividad» que puede acompañar la reiteración de sus aportaciones.

El juez individualiza las actuaciones de los investigados. En el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, entiende que sus aportaciones «están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a los que se vean afectados por ella». En este sentido, el magistrado recuerda varias «actuaciones violentas» como el «asedio» a la comitiva judicial y la Guardia Civil ante el Departamento de Economía el pasado 20 de septiembre.

Según añade Llarena, «el riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de riesgo y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto libre de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física».

En el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, el riesgo de reiteración delictiva «refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad». Además, considera que eso no desaparece con la afirmación «formal» que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan falsas, «sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques hayan efectivamente desaparecido, o que gradualmente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real».

Contra este auto se puede interponer recurso de reforma o de apelación delante de la sala segunda del Tribunal Supremo.

Llarena tomó declaración los ocho consellers destituidos, Sànchez y Cuixart el viernes pasado y anunció que su decisión no llegaría hasta el lunes. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Rull y Carles Mundó están ingresados en la prisión de Estremera desde el pasado 2 de noviembre, mientras que Dolors Bassa y Meritxell Borràs ingresaron el mismo día en Alcalá-Meco. Con respecto a los 'Jordis', ingresaron en Soto del Real el 16 de octubre. Después de las declaraciones del viernes, la Fiscalía pidió mantener la prisión incondicional para todos ellos.

A primera hora de la mañana han ido llegando al Tribunal Supremo algunos de los abogados de los investigados, como Jordi Pina, que representa Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, o Marina Roig, que defiende a Jordi Cuixart. También se ha presentado Javier Ortega, abogado de Vox, que ejerce la acusación popular. El abogado de los consellers destituidos de ERC, Andreu Van den Eynde, no ha venido al Supremo y no está previsto que este lunes vaya a la prisión d'Estremera.

Una vez Llarena ha decidido imponer fianzas se inicia todo un proceso para que seis de los investigados puedan salir de la prisión. Los abogados tendrán que aportar las fianzas impuestas y una vez el Supremo las consigne a una cuenta de depósitos del alto tribunal, un funcionario puede llevar directamente la orden de libertad a las prisiones o hacerlo a través de los juzgados de guardia correspondientes.

Fuentes del Supremo han explicado que optarán para que un funcionario del alto tribunal lleve la resolución directamente a las prisiones. Estos traslados los tiene que hacer personalmente un funcionario, no se pueden hacer telemáticamente.

En el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento investigados, Llarena impuso una fianza de 150.000 euros para Forcadell y 25.000 euros para Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramon Barrufet. A Joan Josep Nuet lo dejó en libertad sin medidas cautelares.