Vivienda, Constitución y Salvador Illa
Con el reciente pacto entre los Comunes y el PSC, ya no cabe duda, Salvador Illa se ha convertido en el líder de los antisistema. Líder de aquellos que han provocado que sea imposible alquilar una vivienda en Cataluña, de los que han conseguido que la construcción de viviendas haya caído a mínimos históricos. Es un acuerdo contra la propiedad privada, en una quimérica ensoñación de ciudades sin propietarios, olvidando que esa quimera ya fue objeto de experimento en los países de la órbita soviética y especialmente en Cuba y cuyo resultado ni siquiera merece un análisis dado su estrepitoso fracaso. Salvador Illa y su partido el PSC ha perdido cualquier atisbo de centralidad para pasar a ser el líder y máximo representante de la extrema izquierda antisistema.
Nuestra constitución regula los derechos fundamentales en el título primero, estableciendo en el artículo 53 dos categorías de los mismos. Una primera categoría que se encuentran en el capítulo segundo que vinculan directamente a todos los poderes públicos y tienen una especial protección. Y una segunda categoría de estos derechos fundamentales que se recogen en el capítulo tercero que informarán la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Como verán los primeros son directamente vinculantes y los segundos informarán las leyes y la
actuación de los poderes públicos, pero no son directamente vinculantes sino existe una ley que los desarrolle y lo permita. Pues bien, dentro del primer grupo de derechos está el derecho a la propiedad y dentro del segundo el derecho a una vivienda digna, el primero vincula a todos los poderes públicos, el segundo está dirigido a los poderes públicos que son los que deben velar por él. Pedro Sánchez lleva años incumpliendo el mandato constitucional de velar para que los españoles tengan acceso a una vivienda digna, prometió en 2021 100.000 viviendas, en 2023 184.000, en 2025 15.000 anuales, y prácticamente no ha construido ninguna, incrementando la crisis habitacional que vive España. Necesitamos 700.000 viviendas con urgencia y no falsas promesas, que fácil es prometer y luego reírse de todos nosotros. Sin la colaboración de la iniciativa privada es imposible que el Estado y las administraciones construyan las viviendas que necesitamos. El acuerdo con los comunes va a provocar que desaparezca en Cataluña cualquier iniciativa privada, y sin esta es imposible alcanzar los objetivos para que la vivienda deje de ser un problema.
Nuestro Tribunal Constitucional en diferentes sentencias ha ido perfi lando hasta donde pueden llegar las medidas que limiten la propiedad, estableciendo dicho limite en aquellas que priven completa y sostenidamente a los propietarios de la disponibilidad de su inmueble sin una justifi cación constitucional sólida. Las medidas pactadas con los Comunes llevan a una privación completa y sostenida, en algunos supuestos, lo que las aboca a la inconstitucionalidad.
Si queremos solucionar el problema de la vivienda este no es el camino, y si queremos solucionar el problema del alquiler tampoco es el camino, sin seguridad jurídica nunca conseguiremos llevar al mercado las miles de viviendas que se encuentran cerradas. Debemos liberar suelo, dar facilidades para la construcción y compra de viviendas, reducir su carga fiscal, reducir la carga administrativa que se produce en torno a la construcción y rehabilitación, en defi nitiva, las 15 medidas que presentó Alberto Núñez Feijoo para solucionar el grave problema de la vivienda. Por último, una curiosidad, alguno de los informes solicitados por el Govern que avalan la constitucionalidad de las medidas están firmados Carles Viver Pi-Sunyer, el mismo que defendía que la independencia de Cataluña y las leyes de desconexión eran constitucionales, curiosas coincidencias.