Una inmigración ordenada, legal y humana

Ante un populismo barato que se aprovecha del caos inmigratorio que sufre España, algunos actores políticos buscan únicamente la máxima rentabilidad electoral, sin aportar propuestas eficaces ni realistas para afrontar una situación que preocupa tanto a los ciudadanos como a los propios inmigrantes.

Unos proclaman que, si llegan al Gobierno, expulsarán a los ocho millones de inmigrantes que viven en el país, aunque jamás explican cómo ni con qué medios lo harían. Otros, como la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, han encontrado su cantera de votos en mensajes como «el Estado español quiere aniquilar la raza catalana con inmigrantes conflictivos». Este discurso ultranacionalista y abiertamente antiinmigración, con tintes de extrema derecha —eso sí, catalana—, revela lo que muchos sectores del independentismo han pensado siempre, aunque lo ocultaran tras un falso progresismo: un «tarannà integrador» con cierto tinte hipócrita.

Como bien señala el profesor Félix Ovejero, Orriols ha actuado como detonante: ha roto el tradicional silencio cómplice del independentismo sobre la inmigración. La historia lo confirma. Durante la Segunda República, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tras el fracaso de la “operación retorno” llegaron incluso a fletar un tren para repatriar gratuitamente —con comida y bebida incluidas— a multitud de personas del sur de España que un día habían venido a trabajar a Cataluña.

España no puede seguir viviendo en un profundo caos migratorio como el actual, provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus inseparables compañeros de viaje. Existe una auténtica pasividad que evidencia la necesidad de regular medidas para poder tener una inmigración ordenada, legal y humana. Es la postura a la que nos tiene acostumbrado Pedro Sánchez: dejar hacer y dejar pasar, mirando hacia otro lado, sin querer enterarse de que el tema no va de que, entre cualquiera, como tampoco de expulsar a todos. Esto va de poner orden, pero con leyes claras y eficaces.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó hace unos días en la capital de Barcelona las medidas que pondrá en práctica cuando llegue a la presidencia del Gobierno de España. Ante el descontrol fronterizo, una ley que regule la seguridad de las fronteras para no dejarlas en manos de las mafias. Residencias vinculadas al esfuerzo y la integración, sin regulaciones automáticas ni arraigos por empadronamiento. Visados por puntos basados en las necesidades del país, con una prioridad a la relación con Hispanoamérica. Y sin olvidar que una inmigración regulada aporta progreso y cohesión; por lo tanto, acogida a quien respete las leyes y los valores. Que el delito grave o las reincidencias leves conlleven la expulsión. Las ayudas deben estar relacionadas con el empleo, dependiendo de que el arraigo se base en el trabajo y la integración real. Siempre que sea posible, reunificar las familias en origen de los menores no acompañados, todo ello acompañado de atención con seguridad, educación y acompañamiento real.

Estas medidas que presenta el Partido Popular no caen en el populismo oportunista al que estamos acostumbrados, que se convierten en una utopía a la hora de gobernar. Su intención se centra en cómo solucionar el problema de la inmigración, y no en la desmesurada ambición de captar el voto. Las iniciativas del Partido Popular podrán gustar o no, pero no cabe ningún tipo de duda de que son realistas, que pueden llevarse a la práctica y aportar una solución al desorden que en materia de inmigración padece España, por el populismo y la falta de rigor del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.