Jaque al POUM

Tarragona sigue sin nuevo POUM y, tras el último retraso en los plazos para su aprobación inicial, todo apunta a que tampoco lo tendrá durante este mandato. Una realidad extremadamente preocupante, se mire por donde se mire. La ciudad se encuentra atrapada entre la urgencia de definir su modelo de futuro y la parálisis de un presente político que, por rigideces ideológicas, se muestra incapaz de consensuarlo.

Esta falta de consenso fue evidente en el reciente debate organizado por la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, donde los partidos con representación municipal expusieron sus respectivas visiones de ciudad, los ejes de crecimiento y la necesidad de aumentar el parque de viviendas. El resultado fue una polarización nítida entre dos modelos, alimentada por una disyuntiva interesadamente ficticia: crecer por Ponent o hacerlo por Llevant, como si se tratara de opciones excluyentes.

Nada más lejos de la realidad. Apostar por Llevant no es enterrar a Ponent. Al contrario, ambos territorios pueden y deben ser complementarios. Plantear esta dicotomía no solo es falso, sino que alimenta el bloqueo y frustra cualquier posibilidad de un plan urbanístico compartido y duradero, pensado para toda la ciudad y para todos sus ciudadanos.

Conviene recordarlo especialmente a quienes creen que este nuevo POUM debe ser exclusivamente el legado de su paso por el gobierno municipal o a quienes subordinan la planificación urbanística a dogmas de partido antes que a necesidades reales. Zonas como Llorito, la Budallera o Mas d’en Sorder no pueden ser descartadas sin una evaluación seria: son oportunidades con un gran potencial, y desecharlas a priori sería un error estratégico.

Desde los agentes socioeconómicos, lo hemos dicho claro y alto —aunque sin demasiada fortuna—: queremos aportar realismo, conocimiento y experiencia al debate. Pero persiste cierta desconfianza hacia el sector privado, al que algunos insisten en colgar la etiqueta de «sospechoso habitual». Esta actitud niega una visión compartida de ciudad y priva al POUM del equilibrio necesario entre desarrollo económico, sostenibilidad y cohesión social.

La vivienda, epicentro del debate por la creciente demanda, puede acabar siendo una de las grandes perjudicadas. Si no se hace una previsión realista entre vivienda libre y protegida, acompañada de un estudio riguroso de viabilidad, corremos el riesgo de diseñar un plan que nazca inejecutable.

Y mientras tanto, la ciudad espera... o desespera. Esperan los vecinos, los jóvenes y las familias que buscan vivienda. Espera el tejido económico y empresarial, que necesita certezas y advierte que esta inercia está mermando la competitividad y el atractivo de Tarragona como ciudad de futuro.

Gobernar es decidir, no dejar que el calendario corra pensando en que el tiempo acabará resolviendo los conflictos. Es posible que se busque evitar costes políticos ahora, pero el precio de no tener POUM lo acabará pagando toda la ciudad.

El reto está sobre la mesa. Corresponde al Ayuntamiento y a su alcalde actuar con decisión, y a los partidos políticos, estar a la altura del momento y de los tarraconenses.