Justicia, vuelven a equivocarse

Hoy entra en vigor la nueva ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, es el tercer intento de modernizar la anquilosada maquinaria judicial y adolece de los mismos defectos que las dos anteriores, lo que nos hace sospechar que seguirá su misma suerte. 

En primer lugar, debemos señalar que la nueva Ley parte de la base, errónea, que las dos anteriores, que reformaban la oficina judicial, están plenamente desarrolladas, lo cual dista, y mucho, de la realidad.

En 2009, hace la friolera de 16 años, el gobierno de Zapatero aprobó la reforma de la justicia para la ley de implantación de la nueva Oficina judicial, dicha ley pretendía modificar la forma de trabajar de los juzgados potenciando los servicios comunes y modernizando la estructura. A pesar de ser una reforma integral de la Administración de Justicia dicha ley no proveyó ninguna asignación presupuestaria especial para su implementación. El resultado es que a día de hoy sigue sin estar desarrollada la nueva oficina judicial, a título de ejemplo indicarles que en los Juzgados de Tarragona, Reus, Valls o Tortosa no está en funcionamiento, como tampoco lo está en las principales ciudades de Cataluña, y recordemos que disponer de la nueva oficina judicial es requisito para la aplicación de la nueva ley que hoy entra en vigor.

Pero sigamos, en 2011 el también gobierno de Zapatero aprobó la ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. La ley pretendía implantar el expediente digital en la administración de justicia y fue nuevamente un fracaso, 14 años después sigue sin haberse implementado en todas las jurisdicciones y en todos los territorios el expediente digital, a pesar del importante impulso que le dio, durante su mandato, el ministro Rafael Catalá. Y ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado con un rimbómbate nombre la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que comporta, entre otras muchas cosas, la desaparición de los juzgados y su conversión en Tribunales de Instancia, la necesidad de ir a Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) antes de entablar una demanda, y un largo etc.., es quizás la reforma más importante de los últimos años, ciertamente es una trasformación integral de la Administración de Justicia, pero probablemente correrá igual o peor suerte que las anteriores.

Ciertamente deseo equivocarme, nuestra justicia no soportaría un fracaso más, pero la ley que entra en vigor hoy adolece de los mismos defectos que las dos anteriores señaladas: no tiene una memoria económica, en definitiva, un cálculo de cuánto cuesta su implementación, de dónde va a salir el dinero y cuánto tiempo se precisa para su implantación. Todo ello augura que correrá la misma suerte, tardaremos años en implantarla, y nuestra justicia no puede esperar más. Pretender abordar una reforma integral de la justicia sin establecer un presupuesto es volver al fracaso.

Pero, además, esta última reforma adolece de un defecto todavía mayor, una reforma de la justicia de este calado requería un consenso parlamentario del que ha carecido, más aún cuando parte de su implementación corresponderá a Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. El Gobierno Socialista, y especialmente el ministro Bolaños, no han querido consensuar ningún aspecto de la Ley. Producto de esta falta de consenso y el no querer aceptar las enmiendas que, desde otros grupos y especialmente desde el grupo parlamentario del Partido Popular, se habían planteado y que mejoraban técnicamente la ley, hace prever el caos que se avecina con su entrada en vigor. La falta de claridad, rigor jurídico de muchos aspectos y ciertas contradicciones, provoca que Juntas de Jueces tengan que acordar, a toda prisa, criterios para la aplicación de la ley que deberían estar claros en la misma, como garantía de seguridad jurídica a los ciudadanos que acceden a la justicia.

Sin consenso y sin dinero difícilmente arreglaremos nuestra maltrecha justicia.