Tres universidades reclaman que la Generalitat regule el límite de emisiones de la industria en Tarragona

Tres nuevos estudios científicos señalan la necesidad de regular la contaminación provocada por la industria química en Tarragona. Los informes elaborados por la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Rovira i Virgili —todos impulsados por la Plataforma Cel Net— reafirman la presencia de compuestos cancerígenos, como el benceno o el 1,3-butadieno, en el aire y ponen en evidencia «la falta de regulación efectiva para proteger la salud pública».

Concretamente, el ensayo de la UB concluye que «es viable aprobar una normativa catalana, o bien modificar el existente, con el fin de establecer unos niveles de inmisión más rigurosos». Según el estudio, existen «carencias» en los reglamentos relativos a la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Se pone especial énfasis en el 1,3-butadieno, que «no se encuentra casi regulado en ningún sitio» y el benceno. Con respecto a este segundo elemento, la Directiva 2008/50 del Parlamento Europeo establece un valor límite de 5 µg/m3 anuales.

La Plataforma Cel Net presentó ayer los tres estudios. «Estos demuestran que el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya tiene todas las herramientas disponibles y la información necesaria para controlar, legislar y sancionar adecuadamente los graves problemas de contaminación que vive diariamente el Camp de Tarragona», remarcó Neus Roig, miembro de la entidad. «Por lo tanto, el problema ya no es de desconocimiento, sino de inacción», afirmó.

Concentraciones elevadas

Desde el 2012, el Laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la UPC ha realizado diferentes estudios de calidad del aire en varios municipios del entorno del polígono norte: El Morell, Constantí, Vilallonga del Camp y Perafort-Puigdelfí. «La problemática que presenta el entorno del polígono petroquímico es de episodios», dice el documento. Es decir, que «en periodos cortos de tiempo» los vecinos están expuestos a «concentraciones relativamente elevadas» de compuestos cancerígenos. En los últimos años, se han detectado picos de benceno que superaban los 200 µg/m3.

Por eso, Àlex Peñalver, profesor titular de Derecho administrativo de la UB, consideraba que es «insuficiente» fijar valores límites anuales y hace falta establecer «límites por hora o por día» y hacer una «medición en continuo». En este sentido, el informe toxicológico elaborado por la URV proporciona valores científicamente fundamentados para establecer nuevos límites reguladores basados en periodos más cortos y focalizados en estos compuestos más peligrosos, como el benzeno y el 1,3-butadieno. Aun así, Joaquim Rovira, profesor especializado en toxicología ambiental, reconocía que «los únicos niveles de protección para la salud humana es 0,0».

El deber de los poderes públicos

«Todos los poderes públicos, también la Generalitat, tienen el deber de hacer el máximo posible para evitar la contaminación del aire», aseveró Peñalver. El portavoz de Cel Net, Adrià Pallejà, aseguraba que «la propuesta de la Ley de Calidad Atmosférica representa una oportunidad histórica para corregir este déficit normativo». Sin embargo, remarcaba que es necesario también implantar «mecanismos sancionadores efectivos para los incumplimientos». Por otra parte, la entidad reclamó la instalación de los nuevos equipos que adquirió la Generalitat para integrarlos a la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (XVPCA), que permitirán medir nuevos compuestos.