Antifrau alerta al consejo de TGN Ràdio: multa de hasta 1 MEUR por cesar al gerente

La Oficina Antifrau de Catalunya envió ayer un requerimiento a los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) donde alerta sobre las sanciones que puede comportar un posible cese injustificado del gerente de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, que está protegido como informante de un caso de corrupción. En este escrito, el organismo autonómico recuerda que «las infracciones muy graves», como sería este caso, puede comportar multas de entre 600.001 y un millón de euros.

Además, la Autoridad Independiente de Protección del Informante puede acordar la «amonestación pública, «la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años» o «la prohibición de contratar con el sector público durante tres años». En todo caso, estas sanciones recaerían sobre la EMMCT y no sobre los propios miembros del consejo de administración.

Antifrauu avisa que, si se decidiera cesar al gerente de la radio municipal, eso «se podría presumir una represalia por las denuncias que presentó». Hay que recordar que De Gispert llevó a Fiscalia supuestos pagos irregulares por valor de 800.000 euros entre 2009 y 2019, bajo mandato socialista. Por lo tanto, en el hipotético caso de un despido, la empresa municipal tendría que demostrar que se debe a «otras causas justificadas».

En este sentido, el ente catalán afirma que «conviene cuestionarse si la gestión del apagón general [del 28 de abril] en Tarragona Ràdio es un motivo como para cesar o atribuir responsabilidades a su gerente [...] de manera suficiente para destruir la presunción de represalia». Sobre todo, «teniendo en cuenta el alcance y las consecuencias» del corte en «gran parte de la península Ibérica y parte del sur de Francia».

Por otra parte, Antifrau recuerda que «los destinatarios de los requerimientos que hace esta Oficina tienen que notificarle cualquier actuación previa o preparatoria que pueda tener una incidencia en la esfera laboral de la persona protegida. En este sentido, señala que la presidenta de la EMMCT, Sandra Ramos, conoce «sobradamente» esta obligación. Con respecto al consejo de administración que tuvo lugar el 29 de mayo, el organismo autonómico expone que se tendría que haber notificado que «había un punto en el orden del día en que se cuestionaría la gestión del gerente y, muy, probablemente se le pedirían responsabilidades».

Antifrau recoge el borrador del acta de la reunión y reproduce las afirmaciones de algunos miembros del consejo, como «todo eso exige una depuración de responsabilidades» o «lo más preocupante es que el gerente no haga autocrítica».

Un «tono» diferente

La presidenta tampoco informó sobre la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la EMMCT que tuvo lugar ayer por la noche. Este encuentro no fue tan convulso como el anterior. Al menos, así lo explicaba la portavoz de ERC, Maria Roig: «Salimos satisfechos del tono que hemos vivido, constructivo propositivo». «Parece que la idea de pedir un cese se ha desvanecido de las reuniones, también impulsado por el requerimiento que hemos recibido todos los miembros por la mañana».

Por su parte, Jordi Collado (ECP) afirmaba que «respetamos profundamente la tarea de Antifrau, pero no entendemos qué tiene que ver el requerimiento con lo que se debatía en el Consejo, donde en ningún momento se preveía ningún cese». Por otra parte, apuntaba que seguirán reclamando «explicaciones que todavía no se han dado» y «hemos pedido que se transcriba el acta a partir del audio para garantizar la máxima transparencia». El gobierno municipal y el PP no quisieron pronunciarse sobre el aviso de Antifrau. Tampoco lo hizo Jordi Sendra (JxCat), aunque celebró que «los informes encargados a los diferentes departamentos del Ayuntamiento» confirman que «lo que pasó el 28 de abril no fue por una mala gestión».