El juzgado reclama al Ayuntamiento de Alcanar un nuevo aval millonario para indemnizar 24 apartamentos ilegales de Turov

El conocido como caso Turov se aproxima a su desenlace final, cerca de dos décadas después, con la resolución firme del juez del contencioso-administrativo número 2 de Tarragona. Una decisión que puede poner en serios problemas las finanzas municipales de Alcanar y reducir su margen futuro para endeudarse. El año 2018 el consistorio ya completó el pago de 1,07 millones de euros a la misma promotora Turov –en situación de concurso de acreedores- en concepto de indemnización judicial fijada por las ocho viviendas de su propiedad, que no había vendido. Una tasación de 2016 fijó en cerca de 134.000 euros el valor de cada apartamento.

Ahora, el juez exige al Ayuntamiento que aporte el aval en un plazo de sólo diez días para poder indemnizar a los propietarios particulares de los 24 apartamentos restantes. Los afectados, basándose en la misma valoración de la promotora, piden 3,2 millones de euros en total, daños morales al margen. A partir de las conclusiones de un informe encargado a un arquitecto para revisar la valoración bajo parámetros más actuales, el gobierno municipal presentará un aval por 2,24 millones de euros. Una cifra que, consideran, refleja de forma más realista la situación presente del mercado inmobiliario –y que calcula en 2,83 millones de euros el valor total de la promoción de Turov-. El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat determinará, en última instancia, la compensación.

Con el trámite de las indemnizaciones ya avanzado, queda allanado el camino para el derribo efectivo de las viviendas de la urbanización de Serramar, en Alcanar Platja. Así lo ordenó el mismo juzgado del año 2012. Una decisión avalada, además, por el TSJC, que acabó rechazando todos los recursos municipales y de los propietarios afectados. El coste de la demolición lo tendrá que asumir también íntegramente el consistorio. En febrero de 2017 se había adjudicado, inicialmente, por 110.000 euros, importe que se podría acabar duplicando con los precios actuales.

Este martes por la mañana, el gobierno municipal de ERC ha informado a los diferentes grupos municipales sobre la situación. La necesidad de disponer de forma inmediata de este dinero –el aval para las indemnizaciones, además del coste del derribo- obligará el consistorio a endeudarse. Con un presupuesto de 9 millones de euros este 2022, la previsible ejecución del aval millonario para pagar las indemnizaciones puede disparar las ratios de deuda de las finanzas municipales por encima de los límites, dejándolo efectivamente sin capacidad legal para poder endeudarse durante los próximos años.

Una medida, además, que llega en un momento particularmente tenso para la tesorería municipal. Especialmente, después de que se hayan destinado durante los últimos meses unos dos millones de euros para hacer frente a los destrozos de los aguaceros del 1 de septiembre –todavía sin concreción de las ayudas estatales- y a las reparaciones por el episodio de octubre de 2018, con una subvención finalmente mucho más reducida de la prevista.

Bloques de apartamentos en parcelas unifamiliares
El caso estalló después de que una vecina denunciara a los tribunales que las obras no respetaban las distancias ni los parámetros legales previstos por la planificación urbanística en aquel espacio. Los trabajos, que según el consistorio habían empezado, incluso, tiempo antes de otorgarse la correspondiente licencia en julio de 2003 –con el PSC en la alcaldía-, preveían construir los 32 apartamentos en dos bloques plurifamiliares en un espacio que sólo podía albergar casas unifamiliares en la modalidad de ciudad jardín.

A pesar de las normas de planeamiento, el expediente abierto por el consistorio y un informe demoledor de la Dirección General de Urbanismo -pidiendo parar las obras, revisar la licencia y derribar-, la construcción acabó completándose. No fue hasta el año 2006 cuando el contencioso-administrativo sentenció que la licencia era nula de lleno derecho. Desde entonces, todos los intentos municipales de esquivar la sentencia del contencioso administrativo, incluido un Plan Especial de Reforma Interior que el Tribunal Supremo acabó tumbando, fueron fracasando.

El procedimiento judicial no detuvo las ventas

La irrupción mediática del caso Turov, hace diez años, además, sacó a la luz que el otorgamiento de licencias de obras irregulares en la zona fue una práctica habitual entre los años 1997 y 2003, bajo los gobiernos municipales de ApAL, CiU, PP e Independents per les Cases. La investigación judicial evidenció que durante aquel periodo se autorizaron 614 viviendas en unos terrenos donde, de acuerdo el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) entonces vigente, se podían construir un máximo de 179, según los criterios de densidad legalmente establecidos. Las irregularidades afectaban a más de una cincuentena de licencias, no sólo en la zona de Serramar, donde se encuentra la promoción de Turov, sino otras urbanizaciones próximas.