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Judicial

Un grupo de padres de Amposta acusa a Educació de vulnerar derechos fundamentales al confinar a los alumnos sin pauta completa

Denuncian la situación de varios estudiantes del Instituto de Tecnificación a los Mossos para que lo trasladen al juzgado
  • Redacció

Actualizada 28/01/2022 a las 16:01

Los padres de cuatro alumnos de segundo de Bachillerato del Instituto de Tecnificación Deportiva de Amposta han presentado una denuncia a los Mossos d'Esquadra, este viernes, porque consideran que se están vulnerando derechos fundamentales de sus hijos. Los jóvenes han sufrido varios confinamientos consecutivos en este segundo trimestre, porque hay un positivo en el aula y no tienen la pauta de vacunación completa. «No nos dan ninguna posibilidad de hacer pruebas u otras alternativas, te excluyen y no pueden entrar en la escuela», ha explicado uno de los padres, Miquel Alimbau. Señalan que una vez extinguido el pasaporte covid, esta medida en las escuelas «es discriminatoria y ha quedado obsoleta». El juzgado de Amposta valorará si admite a trámite la denuncia.

Durante las tres primeras semanas del segundo trimestre, la hija de Miquel Alimbau ha sido confinada dos veces. Cuando hay un positivo en el aula, en su grupo estable, los alumnos no vacunados o sin la pauta completa de vacunación y que no hayan pasado la covid los últimos tres meses, tienen que quedarse en casa, en aislamiento domiciliario durante siete días.

Las familias de cuatro estudiantes en esta situación han denunciado, «por discriminatoria», la medida y el protocolo actual de los centros educativos, ante los Mossos d'Esquadra. Antes habían intentado hablar con la dirección del centro escolar, con el Departament d'Educació e incluso con el Síndic de Greuges. «No nos han dado ninguna respuesta, nos hemos encontrado un muro», ha explicado Alimbau. La denuncia va dirigida al tutor de los estudiantes, el director del centro, la directora de los servicios territoriales de Educació en las Terres de l'Ebre, Montse Perelló, y el conseller Josep Gonzàlez-Cambray.

Ante el silencio administrativo, han decidido notificar al juzgado la situación de sus hijos, cuatro alumnos de segundo de Bachillerato del Instituto de Tecnificación Deportiva de Amposta, pero una vez se ha conocido su iniciativa ya hay otras familias que se han interesado por sumarse a la denuncia.

«No somos negacionistas ni antivacunas, pero confinar a los alumnos sistemáticamente, en un curso tan importante, los desestabiliza. Con niños pequeños también se los está señalando como diferentes ante el resto», ha alertado al padre. Alimbau insiste en que Educació tendría que permitir asistir a las clases presenciales a los alumnos que no tienen síntomas o facilitar que se puedan hacer pruebas PCR o TAR. «Si los niños no se encuentran bien, les dejamos en casa, pero ahora los están apartando con todos los perjuicios que comporta», ha defendido. Este grupo de padres reivindica que puedan asistir a la escuela porque, además, su centro combina una formación deportiva de alto rendimiento que no se puede suplir desde casa. «El paro es total», ha alertado a Alimbau.

En la denuncia, a la cual ha tenido acceso a la ACN, los padres recuerdan que el protocolo aplicado por Educació no tiene «un aval judicial» y que las actuaciones que se derivan «no son más que recomendaciones, en ningún caso de obligado cumplimiento». Consideran que, después de que se haya eliminado el pasaporte covid para acceder a la hostelería o los gimnasios, con el argumento que los contagios por la variante ómicron en esta sexta ola no se frenan para separar los vacunados de los no vacunados, no tiene ningún sentido que Educació mantenga esta medida en las aulas y más «sin ningún criterio científico». «Es una norma obsoleta», ha insistido.

Alertan de que mantener este protocolo en los centros educativos «podría suponer un presunto delito de odio» contra la ideología de los jóvenes ante la pandemia y los puede hacer sufrir «exclusión social» y actitudes de acoso escolar (bullying). También denuncian que se vulneran otros derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación, a la educación, y a la confidencialidad de datos médicos y sanitarios.

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