El Estado pedirá este año la ampliación de crédito para pagar a los bancos la indemnización por el Castor

En una sentencia hecha pública a finales de octubre de 2020, el Tribunal Supremo obligaba al Estado español a devolver los 1.351 millones a los bancos –sumando también los intereses desde el momento de la reclamación o a partir del retorno de las cantidades que el Estado les había exigido devolver- que financiaron la indemnización al exconcesionario del proyecto Castor, Escal UGS. Santander –que aportó un 51%-, Caixabank –con un 34%- y Bankia –un 15%- recurrieron a la sala del contencioso-administrativo después de que el gobierno español desestimara, por silencio administrativo, la reclamación presentada para cobrar el préstamo.

Los pagos a cargo de los consumidores habían quedado en suspenso –y fueron devueltos al sistema gasista los hechos efectivos a partir de 2016- cuando el Tribunal Constitucional anuló buena parte del Real Decreto que aceptaba la renuncia de la filial de ACS y establecía la compensación. A pesar del sentido de la sentencia, el Supremo cuestionóel «pacto» entre el gobierno del PP, Enagás y los bancos para pagar antes de 35 días la indemnización al exconcesionario.

Desde la misma cámara alta, el senador de Compromiso, Carles Mulet, se ha mostrado especialmente crítico con el hecho que el gobierno español quiera «poner con calzador» un real decreto que habilita el pago dentro de un proyecto de ley, aparentemente, destinado a aprobar medidas de urgencia de cariz social. El senador valencianista ya ha anunciado que presentará enmiendas al proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de ejecución de las sentencias.

«El PSOE, mientras rechaza que se investigue el desarrollo y ejecución de Castor en el Senado, prioriza una vez más por la vía de urgencia ampliar los créditos destinados al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del legislador», ha asegurado. Remarca, en este sentido, que no se han determinado responsabilidades sobre un «proyecto mal ejecutado y concebido», por el cual el exconcesionario Escal UGS, controlado por ACS, acabó siendo indemnizado. Recuerda que el gobierno español, según preveía el decreto que formalizó la denuncia, tiene hasta 2024 para exigir responsabilidades por «eventuales vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones».

Mulet ha criticado también que el gobierno español quiera endeudar más a la ciudadanía con los bancos. «Sus directivos estarán encantados con esta aplicación de créditos multimillonaria, cuando lo lógico y previsible habría sido que se pagaran con dinero de los presupuestos, de forma que en todo eso no sólo han ganado Escal UGS y sus directivos, sino también los bancos, quedando los consumidores de gas y la electricidad como los pagadores de la fiesta», ha remachado.

Venta de la plataforma marina

En paralelo a este debate, la publicación económica madrileña 'Cinco Días' publicaba recientemente que Enagás –encargada del mantenimiento de las instalaciones que ahorason propiedad estatal- habría planteado en el Ministerio para la Transición Ecológica la venta la plataforma marina del proyecto Castor –para ser trasladada- y reducir así el coste del proceso de desmantelamiento aprobado en el 2019. Según calculó la misma compañía, el proceso encarecería la factura en más de 260 millones de euros adicionales y se alargaría cinco años.

«Mucho nos tememos que, a la vista de los antecedentes, los costes de desmantelamiento serán mes caros de los anunciados, se seguirán incumpliendo todos los plazos», ha aventurado Mulet al respecto. Enagás, precisamente, tiene ahora pendiente iniciar las obras para clausurar definitivamente los pozos del proyecto Castor, con los sellos caducados desde unos dos años. Después de que el Supremo desestimara el recurso de Escal UGS en contra de la obra, el gobierno español prevé que la actuación quede finalizada en diciembre de 2023, con un coste de 70 millones de euros.