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La plataforma marina del projecte Castor, amb la costa del Montsià al fons.

Este lunes empieza el juicio contra dos directivos d'Escal UGS por los terremotos del proyecto Castor

La plataforma marina del proyecto Castor, con la costa del Montsià al fondo.

Este lunes empieza el juicio contra dos directivos d'Escal UGS por los terremotos del proyecto Castor

La vista penal de Castellón no abordará las posibles irregularidades en el diseño del proyecto ni el escándalo por su financiación

Actualizada 17/10/2021 a las 11:23

La Audiencia de Castellón empieza este lunes a juzgar al expresidente d'Escal UGS, Recaredo del Potro, el exconseller delegado, José Luis Martínez Dalmau, y la mismo mercantil por los terremotos que provocaron las inyecciones de gas en el almacén submarino a partir de septiembre de 2013. Los dos directivos, acusados de delito ambiental, se enfrentan a peticiones de entre seis y siete años de prisión. La vista, que llega ocho años después del episodio sísmico y el cierre de unas instalaciones todavía pendientes de desmantelamiento, no abordará las posibles irregularidades en el diseño y la tramitación del proyecto, así como tampoco el escándalo por la financiación y coste final, que puede superar los 2.000 millones de euros a cargo de las arcas públicas estatales.
 
El juicio que tendrá lugar en la sección primera del Audiencia Provincial de Castellón se alargará durante, al menos, cuatro semanas. No sólo por la gran lista inicial de casi 200 testimonios citados –que durante las últimas semanas se ha acortado notablemente- sino por la gran cantidad de informes y declaraciones de peritos –una sesentena- que, en teoría, tienen que aportar claridad sobre los hechos que se juzgan. De momento, se han marcado sesiones, aparte de la primera jornada, los días 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, así como el 2, 3, 8, 9, 10 y 15 de noviembre.

Del Potro y Martínez Dalmau declararán como acusados este mismo lunes. Después de casi seis años de investigaciones y numerosos recursos, el titular del juzgado número 4 de Vinaròs decidió enviarlos al banquillo de los acusados hace unos quince meses. El relato judicial consideraba que su actuación, como principales responsables de la empresa concesionaria del proyecto Castor, generaron «una situación de peligro potencialmente catastrófico» con las primeras inyecciones de gas en el almacén submarino delante de la costa de Vinaròs y Alcanar.

El juez los reprochó que, a pesar de ser conscientes del peligro sísmico del cual habían alertado instituciones científicas como el Observatorio del Ebro y varios informes técnicos, decidieron inyectar gas en el subsuelo. Incluso mantuvieron las operaciones según las previsiones a partir del momento que los terremotos fueron detectados. Lo hicieron, cuando ya habían sido oficialmente advertidos del peligro. A pesar de eso, llegaron a triplicar durante una jornada el volumen previo de gas inyecta y mantuvieron el plan de inyecciones durante casi una semana. Según calcularon diferentes instituciones científicas la ola sísmica llegó a superar los mil movimientos durante los meses posteriores, con un terremoto de hasta 4,3 grados en la escala de Richter.

Por estos hechos, tipificados como supuesto delito ambiental, Fiscalia pide para los dos exedirectius acusados seis años de prisión, multa de 15.600 euros e inhabilitación para actividades geológicas y gasistas durante tres años y medio. Unas peticiones que la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica eleva a los siete años de prisión y 441.000 euros de multa. El ministerio público, que pide también una multa de 189.000 euros y la prohibición definitiva de hacer actividades al subsuelo y el sistema gasista para la mercantil Escal UGS, se ha opuesto sistemáticamente a los diferentes recursos de los acusados. Considera que en ningún caso actuaron de forma rápida, eficaz y transparente cuando tuvieron el conocimiento de unos terremotos que causaron «intranquilidad y desasosiego» a la población próxima.

Deuda pública y desmantelamiento pendiente
Pero el objeto de la vista difícilmente irá más allá de la gestión del episodio sísmico como responsables del almacén de gas submarino. Si bien las partes acusadoras tienen al alcance numerosa información que pone en duda la actuación d'Escal UGS en el momento de diseñar técnica e iniciar la tramitación del proyecto, así como construir la arquitectura de la financiación pública posterior, el juez instructor no ha querido en ningún caso abrir estos melones.

Ocho años después de cerrar el almacén cuando todavía oficialmente no había iniciado la actividad, el gobierno español todavía tiene pendiente no sólo el desmantelamiento total de las instalaciones –una situación inaudita en la industria del petróleo aunque la ley vigente obliga a retirar las instalaciones cuando ya no están en uso- sino la instalación de los sellos definitivos en los pozos submarinos, después de que los provisionales instalados en el 2015 hayan ya caducado hace más de dos años.

A pesar de la sentencia del Constitucional anulando los pago desde 2016, el ejecutivo aprobó hace un año el retorno de los 1.350 millones de euros más intereses en los bancos que presentaron una reclamación patrimonial en el Supremo. Se hizo a cargo de una ampliación de crédito del Ministeri d'Hisenda y con deuda pública. La suma de todas las partidas, incluyendo unas 260 millones de euros por el desmantelamiento, puede disparar el coste final de la factura del Castor a más de 2.000 millones de euros.

De la lista de personas investigadas inicialmente, una veintena, entre las cuales, funcionarios de los antiguos ministerios de Industria y de Agricultura, del IGME, así como todo el consejo de administración de la empresa –incluido el director técnico, Carlos Barat, que murió durante la instrucción del caso-, se ha ido reduciendo a dos y la misma sociedad. Ninguno de los grandes responsables políticos que apadrinaron el proyecto, incluida la actual ministra por la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que firmó favorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto el año 2009 como secretaria de estado de Cambio Climático.

Por su parte, del Potro como Martínez Dalmau ya no ostentan los cargos que tenían al momento de los hechos, después de que fueran cesados el mes de julio pasado: el grupo de Florentino Pérez, a través de la filial ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S. A., gestiona ahora como administrador único la empresa, en quiebra desde hace de hace dos años. Únicamente Martínez Dalmau, figura como representante de la mercantil.

Los daños morales del Costa Concordia
Junto con Fiscalía y Arca Ibérica, los afectados por los terremotos del Castor, bajo la plataforma Aplaca, ejercerán la acusación particular. Más allá de la reclamación de Fiscalía en la empresa aseguradora Zurich para que asuma los daños directos provocados por los seísmos acreditados por diez particulares y valorar durante la vista las afectaciones en otra veintena de casos, los 123 socios de la entidad reclaman a la empresa, de la mano del gabinete jurídico especialista en estos casos BCV Lex, una indemnización por los daños morales por el pánico y la inseguridad sufrida durante la ola sísmica. Esta petición concreta se eleva a 15.000 euros por persona, 1.845.000 euros en total, muy por encima de los 2.500 euros inicialmente anunciados por la misma entidad.

Se trata, según reconocen desde la entidad, de la misma cifra que percibieron los afectados por el naufragio del crucero Costa Concordia en Italia, el año 2012, que no sufrieron daños físicos en el accidente pero que «sufrieron por su seguridad». «Tenemos que tener en cuenta las dificultades cuantificar daño moral que se ha sufrido, con los años que hace y unas circunstancias muy especiales. Para nosotros es muy importante el reconocimiento que hubo una causa-efecto entre la inyección de gas y los terremotos que provocaron los daños morales. No se puede pedir una cosa difícil de calificar y por eso nos acogemos a la sentencia del caso Costa Concordia», ha admitido el mismo presidente de Aplaca, Joan Ferrando.

Según apunta, si bien en el estado español no es tan habitual que se reconozcan daños morales en estos casos, sí que lo es en otros países de Europa y del mundo. «Queremos ser europeos e internacionales y esperamos que la Audiencia de Castellón investigue y decida, reconociendo la responsabilidad de esta empresa que, produciendo terremotos, causó un daño moral a las personas,» ha remachado.

La entidad ha conseguido que las autoridades judiciales de Castellón citen, finalmente, sólo unos catorce de los 123 afectados –cifra a los cuales se podría acabar reduciendo finalmente a cuatro- para que presten presencialmente declaración en la Audiencia de Castellón. Muchos de los socios son personas mayores y con problemas de desplazamiento, hecho por el cual han sido dispensados. El mismo presidente de Aplaca declarará como afectado y también como testigo de la Fiscalía. En caso de que el procedimiento penal no reconozca sus demandas, no descartan abrir la vía civil u otras medidas judiciales para seguir reclamando.

Ferrando recuerda que Castor era un negocio que «maltrató el medio ambiente». «Se inyectó gas de forma no lo bastante estudiada geológicamente y es un posible delito: eso tiene consecuencias en muchos niveles», ha añadido, recordando que las afectaciones de la «derrota económica» del Castor no sólo las pagan los socios de la entidad sino toda la ciudadanía. «Son un dinero que pone el gobierno español que se podría destinar a enseñanza, salud u otras cosas. Todos somos afectados», reitera. Lamenta que el caso no haya tenido repercusiones políticas ni económicas para sus responsables. «No se ha acabado, de ninguna manera», sentencia.
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