El juicio contra los directivos del proyecto Castor empezará el 18 de octubre en la Audiencia de Castellón

De acuerdo con las declaraciones previas de trabajadores del exconcesionario, los directivos optaron finalmente por acelerar el proceso con un plan de inyecciones mucho más rápido, descartando un ritmo más pausado y progresivo. Así, al principio de septiembre de 2013 decidieron materializar la prueba de inyección que les requería el gobierno español para otorgar la licencia definitiva. Eso los llevó a incrementar considerablemente el volumen de gas inyectado de un día para otro, en contra de lo que recomiendan las buenas prácticas de la industria.

Los acusados argumentan, en su escrito de defensa, que la sismicidad ocurrida a partir del incremento de las inyecciones de gas en el proyecto Castor tenía un «origen fundamentalmente natural». «Como mucho, se habrían adelantado en el tiempo como consecuencia de las inyecciones», insisten, con el argumento que la energía introducida en el subsuelo era muy poca en relación con las consecuencias y que sólo la coincidencia en el tiempo era la única base para vincular terremotos con inyecciones. Una tesis que numerosos estudios académicos y técnicos han refutado.

La vista oral se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Castellón y está previsto que declaren una decena de testigos. Aparte de las penas de prisión por delito ambiental, la acusación popular pide tres años y medio de multa a razón de 350 euros diarios para Escal UGS -383.250 euros. Fiscalia, por su parte limita la petición de multa a 26 meses a razón de 20 euros -15.6000 euros- e inhabilitación para actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista de tres años y medio. Para la sociedad mercantil, el Ministerio Público pide también de tres años y medio de multa pero, en este caso, de 150 euros diarios -28.395 euros. También hace también responsable civil a la aseguradora Zurich y reclama que se indemnice a diez particulares por los daños que sufrieron a raíz de los terremotos y que se valore las afectaciones que acreditaron a más de una veintena de afectados de las Terres de l'Ebre, el Bajo Maestrazgo o de la misma ciudad de Tarragona.

Inicialmente, las diligencias llegaron a contar con una veintena de investigados por delito ambiental así como también prevaricación ambiental, entre los cuales altos cargos del gobierno del PSOE, funcionarios, responsables del Instituto Geológico y Minero (IGME) así como el consejo administración en pleno del exconcesionario. Todos fueron poco a poco cayendo de la investigación a excepción de los dos jefes visibles y la misma sociedad Escal UGS.

Finalmente, han quedado fuera del juicio los graves defectos en el diseño del proyecto, incluso reconocidos por la misma administración estatal. Varios expertos apuntan, en este sentido, que el margen de presiones para inyectar gas en el antiguo yacimiento petrolífero era inexistente o ínfimo, en el mejor de los casos: eso explicaría que la inyección de sólo 115 millones de metros cúbicos de gas de los 1.900 previstos en total, se desencadenara una ola con más de un millar de seísmos.

La Audiencia de Castellón tampoco abordará el escándalo por el desaforado coste final de las instalaciones y la indemnización de 1.350 millones de euros pagada a la sociedad controlada por Florentino Pérez una vez hizo efectiva la renuncia al proyecto. Una cifra multimillonaria que el gobierno español del PP intentó cargar sobre las facturas de los consumidores antes de que los tribunales anularan el mecanismo de pago y que el actual ejecutivo del PSOE ha asumido acabar pagando de las arcas estatales con la emisión de deuda pública.