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«Las chapuzas del proyecto Castor siempre las acaba pagando la ciudadanía», lamenta la Plataforma del Sénia

La entidad considera «indecente» socializar el coste de la indemnización recibida por ACS en el contexto de crisis actual

Actualizada 29/10/2020 a las 19:07

La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha lamentado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a los bancos el crédito de 1.350 para indemnizar al exconcesionario del proyecto Castor, Escal UGS. «Los pagadores siempre acabamos siendo la ciudadanía. Hemos sido pagadores en la mayoría de las chapuzas del Castor», ha argumentado la portavoz de la plataforma Cristina Reverter, quien considera «indecente» socializar el coste de la indemnización a la filial del grupo ACS de Florentino Pérez en el actual contexto de crisis social y económica por la pandemia del coronavirus. «Teníamos la esperanza de que eso al final se recondujera o se minimizaran los impactos», ha abundado.
 
El movimiento ciudadano que desde 2007 ha cuestionado el almacén de gas submarino desde todos los ámbitos ve ahora, con decepción, como lejos de depurarse responsabilidades políticas y económicas los tribunales vuelven a penalizar el Estado y, por extensión, la ciudadanía por el fracaso anunciado del proyecto.

«Es como si se intentara cubrir a base de billetes la responsabilidad y la negligencia de la administración estatal», ha recordado Reverter, quien ha puntualizado que fueron gobiernos tanto socialistas como populares los encargados de autorizar, promover y proteger la tramitación del fracasado almacén de gas submarino, cerrado en septiembre de 2013 y responsable de generar más de un millar de terremotos en la zona. «Era un proyecto desde desde el principio con una planificación errónea, incorrecta y abusiva», ha insistido.

Reverter cree que el gobierno español podría acabar volviendo a cargar el coste de devolver los 1.350 millones de euros al Santander, Caixabank y Bankia sobre la factura del gas. «Supongo que los presupuestos querrán que estén lo más limpios posibles porque ya tendremos otros cargos en plena pandemia. Posiblemente repercutirá sobre los consumidores de gas, que son los pagadores de esta historia y acabarán asumiendo los sobrecostes del proyecto,» ha cerrado.

Por su parte, el senador de Compromis Carles Mulet, ha calificado de «ignominia» la resolución que obliga en el pago de los 1.350 millones de euros con reproches a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. «Mientras gente del mundo rural, mozalbetes emprendidos o autónomos están pasándolo muy mal con la pandemia, el sistema trata con bandeja de plata en empresas que han ejecutado chapuzas, proyectos peligrosos que no sirven para nada,» ha asegurado.
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