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Vista aèria zenital de la presa de Mequinensa durant les maniobres de desembassament per l'avinguda de l'Ebre.

Reclaman que el Estado invierta 6,5 MEUR los próximos cuatro años en la movilización de sedimentos de los pantanos del Ebro

Vista aérea cenital de la presa de Mequinenza durante las maniobras de desembalse por la avenida del Ebro.

Reclaman que el Estado invierta 6,5 MEUR los próximos cuatro años en la movilización de sedimentos de los pantanos del Ebre

La Campanya pels Sediments irá a los juzgados si las hidroeléctricas incumplen la normativa de seguridad y ambiental

Actualizada 07/02/2020 a las 18:49

La Campanya pels Sediments pondrá sobre la mesa de los partidos políticos la necesidad de que los presupuestos generales del Estado de los próximos cuatro años destinen 6,5 millones de euros en actuaciones para movilizar los sedimentos acumulados a los pantanos del tramo final del Ebre. La entidad iniciará los próximos días contactos con las diferentes formaciones para incluir en las cuentas de 2020 diferentes de 1,28 millones de euros para redactar un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebre, iniciar pruebas piloto de transferencia y poner en marcha los desagües de fondo en Riba-roja. Un aspecto, este último, que actualmente podría incumplir la normativa de seguridad de los embalses y que la Campaña estudia denunciar a los tribunales.

«Si estas partidas no entran en 2020, daremos por entendido que el momento de ellos –para actuar respecto de los sedimentos-, después del temporal Gloria, ya no llegará nunca. La denuncia del territorio será el más contundente que podamos», ha anunciado el miembro de la Campanya pels Sediments, Josep Juan.

En plena efervescencia del debate sobre qué medidas efectivas se tienen que tomar para preservar el delta del Ebro, creen que ha llegado el momento de poner sobre la mesa recursos públicos que permitan restablecer el tráfico sedimentario por los embalses del tramo final –Mequinenza, Riba-roja d'Ebre y Flix- como la principal medida que podrá garantizar la continuidad del espacio, luchando contra la regresión y la subsidencia, en la corta y a la larga.

Más allá del 2020, la programación anual de inversiones propuesta por la Campanya pels Sediments incluye 1,78 millones anuales entre 2021 y 2023 para la prueba pelota de transferencia controlada desde Riba-roja al Delta o la puesta en funcionamiento de los desagües de fondo así como la monitorización del sistema Segre-Cinca.

«Para los presupuestos generales del Estado no es gran cosa y ya es hora que el gobierno español se plantee actuar con los sedimentos», ha subrayado Juan, que ha reclamado también al Ministerio por la Transición Ecológica que haga honor a su nombre e impulse esta transición también en el caso de la gestión de la cuenca del Ebro. Por el contrario, lamenta que la misma Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) esté haciendo uno «interpretación interesada» para negarse a transportar sedimentos, dibujando escenarios técnicos de elevada complejidad.

En este contexto, la cuestión de la apertura de las compuertas y desagües del fondo de los presas se prefigura como un caballo de batalla esencial para avanzar en esta dirección, según han apuntado Juan y el asesor jurídico de la Campanya, Ramon Nadal. Por una parte, porque el estado de cierre de estas sobre compuertas y la falta de informes técnicos sobre su estado actual tiene consecuencias sobre los protocolos de seguridad y emergencias aguas abajo de las presas, la normativa de protección civil, con posibles afectaciones graves para las poblaciones en el caso de grandes avenidas o accidentes.

Adicionalmente, también estudian como forzar en la CHE y las hidroeléctricas, por la vía administrativa o judicial, para exigir mejoras en la gestión ambiental de las presas y hacer aplicar condicionantes ambientales, consiguiendo la apertura de compuertas de fondo que permitiría incrementar el balance sedimentario. Nadal cree que la entidad podría acabar recurriendo al contencioso administrativo, ante la falta de bastantes elementos penales. Para avanzar en este camino, sin embargo, lamentan la opacidad con la cual chocan a la hora de reclamar a la administración estatal cuál es la normativa ambiental competente que regula las tomas|presas del Ebro y la discrecionalidad de los intereses hidroeléctricos.
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