Escal UGS recurre ante el Supremo el desmantelamiento del Castor acordado por el gobierno

La promotora del proyecto Castor Escal UGS, controlada por el grupo ACS de Florentino Pérez, ha interpuesto un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo en contra del acuerdo del consejo de ministros para sellar y abandonar definitivamente los pozos así como desmantelar las instalaciones. Presentado ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Supremo, el recurso fue admitido a trámite el pasado lunes, 23 de diciembre. Con la publicación en el BOE de este anuncio, el gobierno español y los actores que se puedan considerar afectados tienen nueve días –a partir de este próximo día 28- para personarse como demandados. El gobierno español tomó el acuerdo el pasado 31 de octubre y encargó el proyecto a la compañía Enagás.

A pesar de las evidencias puestas sobre la mesa por expertos de todo el mundo, constatando que las primeras inyecciones de gas en el almacén submarino produjeron más de un millar de terremotos; la voluntad política del gobierno español; la situación del mercado de gas natural; y la oposición activa de los agentes sociopolíticos del territorio, ACS y su filial Escal UGS se resisten todavía a dar por muerto el proyecto Castor. La última maniobra jurídica es la presentación de este contencioso administrativo en contra de la decisión de que borraría del mapa las instalaciones.

Una operación que a finales de octubre el consejo de ministros encargó a Enagás –responsable de su hibernación y el mantenimiento- que planificara en seis meses y que, según, los cálculos de la misma compañía, podría llegar a superar los 260 millones de euros de coste.

Con la actual ley de Hidrocarburos en vigor en la mano, el ejecutivo podría exigir a Escal UGS que asumiera el pago de este desmantelamiento, para el que la promotora tenía que efectuar una provisión inicial de 140 millones de euros, que iría creciendo con el tiempo, pero que nunca llegó a consignar. De momento, la empresa tampoco ha devuelto todavía los 195 millones de euros que cobró por el proyecto y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha reclamado formalmente.

En el momento que el consejo de ministros tomó la decisión del desmantelamiento definitivo –hacía falta actuar de forma urgente para renovar los sellos provisionales de los pozos o clausurar de forma permanente- la empresa se pronunció negando la mayor y reiterando que todavía consideraba técnicamente viable el proyecto, por el que llegó a percibir 1.462 millones de euros por parte del gobierno español, que intentó cargarlos sobre las facturas de los consumidores antes de que el Tribunal Constitucional lo obligara a hacer marcha atrás. La misma sociedad y sus dos principales directivos, el presidente Recaredo del Potro y el consejero delegado José Luis Martínez Dalmau, están a punto de ser acusados formalmente de un delito ecológico por el juez de Vinaròs por haber provocado los terremotos y haber incrementado las inyecciones de gas a pesar de ser conscientes del peligro sísmico.