La comisión del Castor concluye que el Estado, Escal UGS y ACS tienen que asumir responsabilidades

La comisión de Investigación del Castor exige que el Estado, Escal UGS y ACS asuman responsabilidades. La comisión ha aprobado este viernes sus conclusiones y recomendaciones, después de más de un año de comparecencias. Todas las conclusiones aprobadas forman parte de la propuesta transaccional entre JxCat, ERC y CatECP, en las que se insta el gobierno español a establecer las posibles responsabilidades de las administraciones públicas en la concesión y seguimiento del proyecto Castor. De hecho, se considera que tanto la administración del Estado como aquellos gobiernos que participaron en la tramitación del almacén de gas han vulnerado varios principios del derecho administrativo y que las adjudicaciones se hicieron «con una concurrencia efectiva extremadamente restrictiva» o bien «sin concurrencia pública».

Las conclusiones tendrán que ser debatidas y ratificadas por el pleno del Parlament de la próxima semana. La comisión de investigación del Castor, convocada por última vez este viernes a las nueve de la mañana, sólo ha aprobado las conclusiones y recomendaciones pactadas entre JxCat, ERC y CatECP. Las de los otros partidos -Cs, PSC, CUP y PP- han sido rechazadas.

El diputado republicano Lluís Salvadó afirma, a través de un comunicado, que «ética y políticamente no se puede zafar de aquello que han provocado y la comisión ha dejado muy claro que los gobiernos del PSOE y PP, así como las empresas Escal UGS y ACS, son los responsables del desastre del Castor». «Ha sido un fracaso político, empresarial, económico y social», añade.

Para Salvadó es evidente, tal como recogen las conclusiones, que «fue necesaria la concertación y la connivencia de los principales responsables de las políticas energéticas y de infraestructuras del gobierno español del periodo 2000-2014 para hacer posible la tramitación administrativa del proyecto, con decisiones que se pueden considerar irregulares, arbitrarias, injustas y con riesgo para la seguridad y la salud pública, priorizando el interés particular de las empresas participantes y contrarias al interés general».

«Un proyecto de riesgo»

Las conclusiones también denuncian que se permitiera que Escal UGS y ACS desarrollaran «un proyecto de gran riesgo técnico sin asumir prácticamente riesgos de carácter económico ni aportaciones económicas». A partir de aquí, se insta el gobierno del Estado a que emprenda «las medidas necesarias» para recuperar las indemnizaciones y costes que se pagaron indebidamente a Escal UGS, así como «asegurar que estos costes no recaigan ni en los usuarios del gas ni en el conjunto de toda la ciudadanía.

Ante el hecho de que el mismo gobierno español ha reconocido negligencias en el diseño del Castor, se le pide la realización de una auditoría técnica del proyecto para averiguar la existencia de irregularidades, carencias y contrasentidos detectados y apuntados por diferentes expertos; y determinar las responsabilidades pertinentes.

En las conclusiones también se insta la Comisión Europea a investigar la responsabilidad del Banco de Inversiones Europeo (BEI) en el seguimiento del proyecto Castor, y, como recomendación, que se evalúe de nuevo si la indemnización en Escal UGS supuso «una ayuda ilegal de Estado».

Se insiste en que el coste del desmantelamiento en ningún caso se tiene que hacer con dinero público sino que tendría que asumirlos Escal UGS, y se requiere al Estado que dé respuesta y se atiendan «los daños materiales y morales de los vecinos e instituciones públicas afectadas».

Además de reconocer la tarea del Ayuntamiento de Alcanar, de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y de los promotores de la querella ciudadana «Caso Castor» el ODG (Observatorio de la Deuda en la Globalización), Xnet e IDHC-Associación de Defensa de los derechos Humanos, se pide hacer un seguimiento de las conclusiones de la comisión de investigación, tanto en el ámbito del gobierno catalán, como en el parlamentario, por el mismo síndic de greuges, o por otras administraciones locales afectadas directamente por el futuro del proyecto.