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Caso Castor

La CUP quiere una auditoría técnica para determinar «el grado de negligencia, incompetencia y mala fe» del Castor

La formación anticapitalista apuesta por la participación de los agentes territoriales a la hora de evaluar estos proyectos en las conclusiones de la comisión de investigación del Parlament

Actualizada 01/10/2019 a las 18:10

La CUP reclama que se elabore una «auditoría técnica reconocida iinternacionalment» para determinar el «grado de negligencia, incompetencia y mala fe» con la que habría actuado la empresa promotora y constructora del proyecto Castor. Un estudio, recuerdan en la propuesta de conclusiones presentada para cerrar la comisión de investigación sobre el fracasado almacén de gas submarino en el Parlament, que también tiene que permitir poner luz sobre los «costes reales». La formación anticapitalista considera también que el resultado necesario es dar «especial importancia a la participación de los diferentes agentes del territorio» en los procesos de estudio de impacto ambiental de proyectos con una «peligrosidad detectada». También exigen al gobierno español el desmantelamiento de las instalaciones, la anulación de la modificación de los límites marítimos que lo situó en aguas de la Comunidad Valenciana y pidió responsabilidades a la concesionaria Escal UGS y ACS.

El documento presentado por los cupaires analiza diferentes ámbitos la chapuza del proyecto Castor que durante los últimos meses ha pasado por la lupa de la comisión de investigación creada en el Parlament. Califican el caso de «fracaso empresarial de una empresa privada» que la administración pretendía hacer pagar al sistema gasista, ciudadanos y empresas usuarias de gas natural.

Desde el punto de vista técnico, subrayan, los conocimientos abre el potencial sísmico de la falla de Amposta donde se situaba, eran conocidos sobradamente, plasmados en varios estudios y objeto de la alerta para varios actores –tanto administraciones como entidades sociales. En este sentido, piden a la administración que tenga especial cuidado y establecer protocolos de permisos y concesiones para actividades como el fracking.

Con las instalaciones en situación de hibernación y parada desde 2013, señalan que el Castor se encuentra ya fuera del sistema retributivo del sistema y defiende las actuaciones del Gobierno para frenar los pagos de los usuarios en bancos y a la empresa Enagás, encargada del mantenimiento. Para la CUP, aparte de la auditoría técnica, hace falta crear un equipo dependiente de la administración para controlar y supervisar proyectos estratégicos, al mismo tiempo que apostar exclusivamente por las energías renovables.

Recuerdan las responsabilidades de las diferentes administraciones, principalmente el estatal, bajo diferentes ejecutivos populares y socialistas, pero también de las administraciones autonómicas y locales, en la tramitación del proyecto. Por eso, creen necesario que se tiene que regular de forma expresa la prohibición de «lucrarse y hacer negocio» con las necesidades básicas de la población, como es el caso de la energía, así como garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Recuerdan también como Castor representa un ejemplo de «financiarització de la economía», con tres bancos como Caixa Bank, Santander y Bankia presentes en casi en todas las etapas del proyecto. En este sentido, constatan que la administración estatal puso en bandeja todas las garantías para los inversores privados con la cláusula que permitía la concesionaria recuperar la inversión a pesar de actuar con negligencia o luto.

La CUP argumenta como el proyecto Castor exhibió también una larga lista de «compra de voluntades» y «falta de transparencia» durante todo el proceso. Remarcan la existencia de «súper hombres impunes», en referencia a Florentino Pérez, y el hecho de que no asumiera ninguna responsabilidad por el caso en su comparecencia parlamentaria, calificando la situación de «desgracia».
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