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Imatge de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre a Camarles.

Cooperativa Olivarera del Baix Ebre

Imagen de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre en Camarles.

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La Agencia Tributaria embarga la nave de la Cooperativa de Camarles por el impago de 117.000 euros

Los miembros del consejo rector y el presidente, Hilari Curto, declararán en septiembre por la denuncia por ocultar las cuentas

Actualizada 19/06/2019 a las 14:28

La Agencia Tributaria ha iniciado el procedimiento para embargar la finca donde se sitúa la nave de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre, en Camarles, por el impago de 117.035,58 euros en impuestos. La anotación preventiva de embargo fue inscrita en el Registro de la Propiedad el pasado 27 de mayo y será ejecutada si la cooperativa no hace efectivo el pago que le reclama Hacienda. La noticia, confirmada por  ACN, se suma a la delicada situación económica que atraviesa la cooperativa durante los últimos tiempos, conocida después de que uno de los miembro del consejo rector, Jordi Ferré, denunciara al juzgado número 1 de Tortosa al presidente, Hilari Curto, por no presentar las cuentas ni a los socios ni al Departament de Treball desde el año 2015 así como negarse a convocar juntas.

Farré, precisamente, declaró hace poco ante la jueza de Tortosa como denunciante del caso y ratificando sus argumentos. A mediados de septiembre están citados todos los miembros de la junta, sea con el cargo caducado y vigente, además de Curto –que, aparte de presidente, es coordinador territorial de la Unió de Pagesos. Según la denuncia de Ferré, la renovación de los cargos del consejo rector se encuentra legalmente bloqueada y no se pueden hacer nuevas anotaciones en las cuentas. También puso de manifiesto que la entidad acumula más de 4.600 euros en la Seguridad Social y hace meses que no paga a los trabajadores.

De acuerdo con los documentos aportados en la denuncia judicial, desde el año 2005 la entidad no ha depositado las cuentas ni renovado los cargos del consejo rector, hecho por el que las atribuciones que actualmente constan en los registros están caducadas. Tampoco se pueden depositar ni hacer nuevas anotaciones de cuentas. A todo eso se suma la deuda que la Seguridad Social reclama a la entidad y el impago de los salarios a varios trabajadores.

Ahora, es pero la Agencia Tributaria quien exige cobrar una cantidad muy superior -117.000 euros- y ha optado por iniciar el procedimiento de embargo. Según consta en la anotación registral, la finca sobre la que pesa la notificación –que, adicionalmente, ha servido para contratar varias hipotecas bancarias por varios centenares de miles de euros y figura como aval de un crédito otorgado por la Generalitat de 320.000 euros- tiene cerca de 6.800 metros cuadrados de superficie y se encuentra en el polígono industrial de la Venta Nova. Allí se encuentra la nave de la cooperativa, una estructura de 1.660 metros cuadrados construida con hormigón que dispone de un altillo interior destinado a sala de juntas y laboratorios, así como otros servicios.
 
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