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Las consecuencias del 1-O
Cordó policial de Guàrdies Civils antiavalots, davant del Pavelló Firal de Roquetes.

1-O, referéndum, Roquetes

Imagen de archivo del cordón policial de Guardias Civiles antidisturbios, delante del Pavelló Firal de Roquetes.

El alcalde y dos de los investigados para el 1-O en Roquetes se acogen al derecho a no declarar

El segundo teniente de alcalde contesta a las preguntas de su abogada

Actualizada 25/03/2019 a las 13:46

El alcalde de Roquetes, Paco Gas, el concejal de ERC, Francesc Ollé, e Ivan Garcia, trabajador municipal, se han acogido a su derecho de no declarar ante el juez de instrucción número tres de Tortosa que les investiga por presuntos delitos de sedición, malversación de fondos, desobediencia y calumnias.

También ha comparecido el segundo teniente de alcalde del PDeCAT, Josep Codorniu, que sólo ha contestado las preguntas de su abogada. La letrada de Gas, Ollé, y Garcia, Anna Nadal, ha justificado que no han tenido tiempo suficiente para preparar a derecho las defensas –recibieron la causa el jueves pasado– y no descarta que sus defendidos presten declaración voluntaria más adelante, una vez revisadas las actuaciones.

Paco Gas, Francesc Ollé e Ivan Garcia, han recibido el calor de decenas de representantes y simpatizantes del partido antes de entrar en los juzgados de Tortosa, y se han concentrado en la plaza Mossèn Sol, limitados por un cordón policial en torno a la sede judicial. Entre gritos de «no estáis solos», y acompañados por el diputado al Congreso Joan Tardà, los cuatro investigados se han desplazado hasta el juzgado sobre las diez y media. Antes de entrar, Tardà ha señalado que la investigación a que se someten «es injusta».

«Nos harán sufrir y todavía más a medida que nos acercamos a la victoria. Nosotros siempre a la catalana, cívicamente, pacíficamente y democráticamente. Aunque a veces el intestino se nos remueve, hace falta que prevalezca el cerebro», ha defendido. «Para qué haya resurrección, tiene que haber pasión. Es el precio que hemos pagar por la libertad. Cuidémonos, como dice Junqueras, porque la victoria está cerca, pero no será fácil», ha añadido Tardà.

También han asistido a la cita el teniente de alcalde de Roquetes, Josep Codorniu, representantes y simpatizantes del PDeCAT. El diputado en el Congreso y responsable de Acción política y Estrategia municipal de partido, Ferran Bel, ha lamentado que coincidiendo, de nuevo, con un ciclo electoral, las instancias judiciales y la Fiscalía reabran procesos contra alcaldes y concejales por todo el país. «Estamos en contra y lo queremos denunciar. Pensamos que las actuaciones se tendrían que archivar», ha defendido. Bel ha señalado el «doble criterio» judicial que se está llevando a cabo, por una parte, archivando las causas de algunos alcaldes, como es su caso como exalcalde de Tortosa, y de la otra, reactivando casos como el de Roquetes. «Pedimos al gobierno del estado español que dé instrucciones claras a la Fiscalía, porque lo puede hacer y lo tiene que hacer, no ir contra los alcaldes y contra la administración local», ha reclamado.

Sobre las once y media, los cuatro investigados han salido del juzgado. La abogada de Gas, Ollé y Garcia, Anna Nadal, ha explicado que sus defendidos se han acogido al derecho a no declarar porque recibieron las citaciones el 14 y 19 de marzo y no han tenido tiempo preparar una defensa sobre unas actuaciones de más de 300 folios y horas de imágenes para visionar. «Hemos tomado esta decisión para garantizar estos derechos a mis defendidos, sin perjuicio que más adelante podamos venir a declarar a forma voluntaria», ha explicado la letrada. Ninguno de los investigados ha querido hacer declaraciones. El teniente de alcalde Josep Codorniu ha prestado declaración contestando sólo las preguntas de su abogada.

Este martes también tienen que comparecer como investigados a esta causa un vecino de Roquetes, miembro de una de las mesas del referéndum del 1 de octubre del 2017 en el municipio, y dos Mossos d'Esquadra. La investigación se sustentó en un atestado de la Guardia Civil, en qué se se señala al alcalde de Roquetes, Paco Gas, como a «máximo responsable de la actitud de la turba de gente» concentrada en los puntos de votación y «de aportar las pautas» para que la multitud «se alzara públicamente y tumultuariamente» para impedir la actuación policial. El cuerpo armado también lo responsabiliza de las cargas de los antidisturbios contra los ciudadanos, que se saldaron con una decena de personas heridas.
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