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Caso Castor

Mònica Guiteras: «El BEI tenía indicios suficientes para parar la financiación del Castor»

Experts cuestionan el papel del organismo financiero comunitario en la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el fiasco del almacén de gas submarino

Actualizada 11/02/2019 a las 20:08

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) tenía «indicios suficientes» para parar la financiación del proyecto Castor y «requerir más información» sobre su desarrollo y viabilidad. La representado del Observatorio de la Deuda en la Globalización, Mònica Guiteras, ha recordado, así, ante la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el caso, cómo el organismo financiero público comunitario incumplió su responsabilidad dando apoyo financiero en el fracasado almacén de gas submarino. El BEI no sólo compró 300 millones de euros de deuda subordinada con dinero público y habilitó una línea de liquidez de 200 millones para garantizar el éxito financiero de la operación sino que exigió el retorno a los buenistas sin asumir ninguna responsabilidad por un fiasco técnico que no quiso estudiar previamente.

El BEI, como denunció el Parlamento Europeo y reconoció con la boca pequeña el mismo organismo en un informe, se desvinculó totalmente de las responsabilidades técnicas del proyecto a la hora de financiarlo, sin valorar los posibles efectos sobre la población y el medio ambiente. Por el contrario, se esforzó por garantizar que los inversores que habían comprado los buenos sénior tenían la inversión asegurada y, fue así, como no perdieron «ni un céntimo», únicamente los futuros beneficios.

Amparado en una supuesta necesidad estratégica para garantizar el suministro de gas –que la caída de la demanda posterior y la crisis energética han tirado por el suelo-, el Castor pasó el cedazo para la financiación de proyecto que no se adecuan al cambio de modelo energético y lejos de la economía real. Y, aunque los mercados e inversores no eran áliens a los riesgos, su actuación permitió que se acabaran cargando a los consumidores. «El BEI tenía que haber pagado a los bonistas con deuda subordinada y cargar los costes a la ciudadanía», ha explicado Guiteras, quién ha recordado que, en otros casos, como a Italia, ha financiado proyectos vinculados a casos de corrupción.

De hecho, y según ha recordado, estos inversores habían sido informados de la posibilidad de que la compensación no se materializara -«sabían más que nosotros», ha precisado- si el gobierno español renunciaba bajo el argumento que el concesionario no había cumplido sus obligaciones. En este escenario tenía que ser ACS quien devolviera los 1.440 millones de euros de los bonos.

Al final, el ejecutivo del PP, en un tiempo récord, ordenó el pago de los 1.350 millones a la constructora con este objetivo: lo hizo con un crédito solicitado por Enagás que los consumidores tenían que devolver en 30 años mediante la factura del gas. Suspendidos los pagos por el Tribunal Constitucional, los juzgados tendrán que decidir sobre la demanda de los bancos acreedores –Santander, Bankia y Caixabank- al respeto. Una nueva patata caliente del gobierno español en los tribunales.

Anteponer el interés general
La maniobra del entonces ejecutivo conservador elevó hasta los 3.280 millones de euros el coste del Castor. Guiteras ha criticado que el gobierno español aceptara la renuncia del exconcesionaria Escal UGS sin haber valorado opciones como aplicar una moratoria del pago de la deuda, uno juicios de responsabilidades y exigir el cierre de las instalaciones. En este sentido, otra de las comparecientes, la abogada Asun Cirera, que llevó el caso de un grupo de empresarios que presentaron una denuncia por la indemnización del Castor delante de la Unión Europea ha remarcado que el gobierno español podía anteponer el interés general por encima del particular y el gobierno tenía base jurídica» por haber descartado el pago de una indemnización de una infraestructura que nunca llegó a entrar en funcionamiento.

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano ha recordado el impacto sobre la población vulnerable que tiene el pago de la factura de lo que considera un «desastre» y una «estafa». Ha recordado que hasta la sentencia del Tribunal Constitucional el fiasco del almacén de gas submarino se llevaba 100 millones de euros de los costes fijos, que suponen más de un 50% del valor de la factura del gas. En este sentido, ha recordado que todavía es incierto si los bancos y Enagás devolverán el dinero cobrado.

«Muy claramente vemos con qué facilidad se transfiere una deuda de un proyecto fracasado a la ciudadanía y cómo impacta a las familias con pobreza energética, como impacta sobre los que tienen más a perder: se aseguran los negocios de los más ricos apuntalados sobre las espaldas de los más pobres», ha denunciado. Así, calcula que de la deuda de 3.280 millones de euros, Cataluña tendría que hacerse cargo, proporcionalmente, 931. Una cifra que contrasta, ha recordado, con la deuda de las familias en situación de pobreza energética que las grandes compañías de «el oligopolio energético» se niegan a asumir.

Sin noticias de las inyecciones
En la sesión de este lunes de la Comisión de Investigación han comparecido también responsables del Observatorio del Ebro, que se han limitado a exponer los datos del seguimiento de la crisis sísmica. La técnica encargada de la sección de sismología del centro, Estefania Blanch, ha explicado que avisaron a los responsables d'Escal UGS el día 10 de septiembre ante el incremento anómalo del número de seísmos que tenía lugar entorno la plataforma marina –hasta aquel momento, asegura, los estudios históricos apuntaban que en la zona del Castor se podían producir unos diez seísmos anuales habitualmente inferiores a 2,5 grados. «Desconocíamos que en aquel momento se hacían trabajos», ha precisado. Incluso, ha asegurado, tampoco supieron que las inyecciones habían empezado ya a mediados de junio, sin que hasta entonces se detectara ningún terremoto.

Fue el día 13 de diciembre cuando sugirieron la paralización o reducción de las inyecciones después de detectar los primeros terremotos el día 5 con el inicio de la tercera fase de los trabajos «Tuvimos una llamada d'Escal informándonos de que las autoridades pertinentes estaban informado de la actividad. Esta fue la información que tuvimos», ha apuntado. La empresa, ante el juzgado número 4 de Vinaròs que investiga los terremotos, que justo aquel mismo día había ya reducido los caudales pero no dejó de inyectar efectivamente hasta el día 17 de septiembre. A pesar de eso, los seísmos, ha confirmado Blanch, siguieron incrementándose en número y magnitud: 1021 hasta el 4 de noviembre, con un máximo de 4,3 grados el día 1 de octubre.

El año 2008, tres años después de que un informe del Observatorio advirtiera del peligro potencial de las inyecciones de gas y la necesidad de elaborar un estudio sísmico que nunca se encargó, el exconcesionario Escal UGS contrató el organismo científico por 58.000 euros anuales con el objetivo de monitorizar los terremotos en la zona. La empresa financió también la instalación de dos sismógrafos en Alcanar y Alcalá de Xivert para mejorar la red y la detección de terremotos por debajo de los dos grados en la escala de Richter. Sin embargo, según ha revelado Blanch, no se tuvo en cuenta la propuesta de un sismógrafo submarino cerca de los pozos de inyección que, según han apuntado varios expertos, habría aportado más datos.
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