El alcalde de Riba-roja se compromete a posponer cualquier decisión sobre el vertedero hasta la reunión con la Generalitat

El alcalde de Riba-roja de Ebre, Antoni Suárez, se ha comprometido ante el resto de ayuntamientos de la Ribera de Ebre a no dar ningún paso más en la tramitación del proyecto de vertedero de residuos industriales previsto en el municipio hasta que se haya celebrado la anunciada reunión con la Generalitat, los promotores y los alcaldes de la comarca. Así lo ha manifestado en el transcurso de la reunión del consejo de alcaldes de la Ribera de Ebro, convocado monográficamente para tratar la polémica. La gran mayoría de representantes municipales–a excepción de los de Ascó, Flix y Tivissa- se han manifestado categóricamente en contra del vertedero porque truncaría el modelo económico territorial basado en la producción agraria y el turismo de calidad. Unas 200 personas se han concentrado delante la sede comarcal para protestar contra el proyecto.

«Mi compromiso ha sido el de no tomar decisiones precipitadas. Pero tenemos que recordar que hay autonomía municipal. He entendido por parte del resto de compañeros alcaldes que eso es un proyecto que trasciende más allá de los límites municipales. Recogiendo esta opinión, me tengo que sentar, reflexionar y tomar decisiones», ha declarado Suárez en la salida del consejo de alcaldes, precisando que la tramitación de la licencia de obras –solicitada este diciembre- de un proyecto con una inversión superior a los 10 millones de euros «no se hace en un mes ni en dos».

De hecho, ha reprochado a los ayuntamientos críticos que no se pronunciaran en contra cuando el año 2012 el proyecto recibió la autorización ambiental de la Generalitat y, el año siguiente, fue aprobado el Plan Especial Urbanístico.

A pesar de eso, ha situado el punto de partida para las próximas decisiones a partir de la reunión que el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, anunció este jueves para antes de acabar en el mes con el Departamento, la Agencia de Residuos de Cataluña, a los promotores –la UTE Griñó-Urbaser-, el consistorio y el consejo de alcaldes de la comarca. Se trata, según ha remarcado, de un proyecto privado sobre 34 hectáreas y con la previsión de funcionar 21 años que, de momento, no figura en la planificación de residuos de la Generalitat.

En ningún caso, sin embargo, Suárez ha hablado de replantear el proyecto o descartarlo. Ante el resto de alcaldes, ha desplegado sus argumentos para defender el vertedero. No sólo en clave local –aparte de los impuestos directos, el consistorio prevé ingresar 150.000 anuales durante los tres primeros años y 175.000 a partir del cuarto, eximir a los vecinos del recibo de la basura, la construcción de un vial de 8 kilómetros o 14 puestos de trabajo directos-, también lo ha intentado hacer en clave territorial.

«Creo que no hemos resuelto todavía el encaje de tres poblaciones –Flix, Ascó y Riba-roja d'Ebre. No tenemos que perder de vista que el 92% del PIB de la comarca es del sector industrial. Es una de las cosas que tenemos que resolver», ha lanzado, todo considerarse «corresponsable» de esta situación, que ha atribuido principalmente a la dispersión de los programas de diversificación que impulsa el ente comarcal. Por el contrario, considera que el vertedero, cuyo modelo de gestión ha calificado como «diferente» del polémico depósito de Tivissa, podría acabar resultando un «polo de atracción» de empresas de sectores de «tecnología punta» como la «robótica».

Considera el alcalde de Riba-roja que una instalación como este vertedero de residuos no lastra la voluntad de muchos pueblos de la comarca de integrar todo su territorio dentro de la Reserva de la Biosfera de las Tierras del Ebro y ha puesto el ejemplo de Port Aventura, instalado al lado del polígono petroquímico de Tarragona. «Creo que es posible que convivan tres sectores en la comarca», ha asegurado, afianzando su confianza en las iniciativas del sector primario y en la ampliación de los espacios del municipio protegidos ambientalmente.

Tono cordial

Tanto Suárez cómo el resto de alcaldes han coincidido ha subrayar el tono cordial en el cual ha transcurrido el encuentro y que todas las partes han podido presentar y defender sus argumentos. Finalmente, no ha asistido a ningún representante del Ayuntamiento de Tivissa, sólo los representantes municipales de Ascó –apelando a la autonomía municipal- y de Flix –que no se ha querido pronunciar- han evitado posicionarse en contra. El resto de alcaldes ha mostrado su rechazo «rotundo» al proyecto.

La alcaldesa de Vinebre y presidenta del Consejo Comarcal de la Ribera de Ebro, Gemma Carim, ha recordado que el futuro del territorio «no pasa por tener más vertederos», después de los «problemas» con los residuos que generan las nucleares, la contaminación del pantano de Flix o el mencionado depósito de Tivissa. «Ya no queremos más», ha subrayado, afianzando la apuesta de la comarca por la diversificación económica a partir de la agricultura, la ganadería el turismo, la cultura y el patrimonio. También ha indicado la contradicción que supondría la instalación con la voluntad de ampliar la reserva de la biosfera.

«No generan tantos puestos de trabajo como la industria, pero el vertedero no diversifica nada y no aportará riqueza. Hay pueblos que tienen vertederos y no son más ricos», ha advertido. De hecho, ha recordado Carim, uno de los objetivos del mandato del ente comarcal era como afrontar el futuro cierre de la nuclear de Ascó o la gestión de los residuos de Flix. Asegura que los alcaldes no cierran la puerta en ningún caso a la industria pero exigen que esta sea «limpia».

Del encuentro, ha explicado a la presidenta del Consejo, ha salido el acuerdo de confeccionar una moción a partir del documento inicial de rechazo de los alcaldes y algunas aportaciones recogidas en la reunión, para trasladar a los plenos de los diferentes ayuntamientos. Los alcaldes han acordado también que la defensa del territorio no acabe generando «estropicios» entre personas y pueblos.

Presión jurídica y popular

Por su parte, uno de los alcaldes más activos en la oposición al proyecto, Joan Juncà, de la Torre del Espanyol, ha valorado el compromiso de Suárez pero ha lamentado que no haya servido para descartar definitivamente el proyecto. Juncà ha puesto en duda, a pesar de tratarse de un proyecto que se tramita desde hace diez años y que habría seguido todos los pasos administrativos legales, se le haya dado la publicidad que requeriría. En este sentido, ha anunciado que más allá de los pasos políticos, su consistorio, junto con los de Almatret (Segrià) o Benissanet contribuirán a financiar los gastos de un bufete de abogados que prepara posibles acciones legales para parar el proyecto.

Juncà también se ha mostrado confiado que la presión popular pueda contribuir decisivamente a tumbar el vertedero, como ya pasó con la implantación de la central térmica de Enron en Móra la Nova. De hecho, este viernes por la tarde, unas 200 personas con pancartas y silbidos se han concentrado delante la sede del consejo comarcal, antes y durante la reunión de los alcaldes. «La fuerza popular ha tumbado muchos proyectos y confío en que este también lo podamos tumbar», ha arreciado, recordando también la «rápida reacción» de las administraciones locales.