Diari Més

Juzgan cuatro empresarios de la Sénia que vertían residuos tóxicos provenientes de ebanistería en un pozo

El fiscal de Medio Ambiente pide penas de hasta tres años de prisión y de 5.400 euros de multa para cada uno de los acusados

Imagen del Juzgado de lo Penal de Tortosa.

Juzgan cuatro empresarios de la Sénia que vertían residuos tóxicos provenientes de ebanistería en un pozoGoogle

Publicado por

Creado:

Actualizado:

La fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona solicita penas de hasta tres años de prisión para los administradores y gerentes de dos empresas de la Sénia, para permitir el vertido en un pozo de residuos tóxicos proveniente de actividades industriales de ebanistería. Según el escrito de acusación de la fiscalía en que ha tenido acceso el ACN, las empresas habilitaron una cavidad en el recinto de la empresa donde depositaban varias sustancias para ahorrarse los gastos del tratamiento establecido por ley. En las inspecciones llevadas a cabo por los Agentes Rurales se descubrieron varios bidones y se constató que los productos se habían infiltrado en el terreno. De las muestras analizadas se desprendió la presencia de varios contaminantes, entre los cuales tolueno y chileno que, según el Instituto Nacional de Toxicología, «suponen un grave riesgo de afección en la calidad del agua» que pueda entrar en contacto. La vista contra los cuatro procesados se celebrará este viernes en el juzgado de lo penal de Tortosa.

Las empresas, Moblec SL y el auxiliar Efe Natural 2006, desarrollaban actividades relacionadas con la ebanistería en la carretera de Ulldecona, en el término municipal de la Sénia. Según el fiscal, la actividad industrial requería del uso de productos tóxicos, especialmente pinturas, barnices y disolventes. Los disolventes eran reciclados en la propia empresa un número limitado a veces. No obstante, la capacidad de la recicladora era limitada y, con la finalidad de evitar gastos en el tratamiento idóneo de la totalidad de los recursos tóxicos generados, los acusados adoptaron la práctica de disponer que los restos fueran ocultados en una cavidad subterránea construida a tal efecto, en fecha no determinada, aproximadamente a mediados de 2008».

Así, como consecuencia de una inspección y registro efectuado en las empresas el 17 de junio del 2013, se conoció que los residuos de los productos químicos utilizados se depositaban en bidones de 200 litros, algunos sin etiquetar, que se encontraban en unos recintos ubicados en el exterior de las instalaciones. En un pequeño almacén sin puertas fueron localizados otros 34 bidones de 20 litros de pinturas y barnices y tres bidones vacíos de 200 litros. Delante del almacén, también aparecieron siete bidones de 200 litros, tres de los cuales estaban llenos y figuraba la inscripción «disolvente basura».

Un escondite tapado con listones de madera

Además, los disolventes y productos químicos que no se iban a reutilizar eran vertidos a un agujero o escondite sin impermeabilizar que se encontraba en la explanada de la empresa, según la fiscalía. El agujero daba acceso a una cavidad subterránea reforzada con vigas, de poco más de 24 metros cuadrados, con capacidad para 24.375 litros. Las medidas del agujero en superficie eran de justo 80 por 40 centímetros y el espacio estaba reforzado con vigas de madera y tapado con unos simples listones.

El ministerio público sostiene que la falta de impermeabilización produjo la infiltración de las sustancias en el terreno circundante. Así, entre la inspección hecha el 17 de junio del 2013 y la de 2 de octubre del 2013 se pudo constatar una diferencia de volumen de unos 3.600 litros. En el momento de la retirada se extrajeron unos 5.700 litros y 2.800 litros de restos solidificados junto con el agua utilizada para extraerlos. También se retiraron en retroexcavadora unos doce metros cúbicos de restos sólidos.

Presencia de contaminantes

La recogida de muestras de tierras en el área inmediata del escondite permitió detectar la presencia de diversos contaminados -acetato de metilo, acetato de etilo, metilo etilo cetona, metilo isobutil cetona, etilo éter de propilenglicol- de entre los cuales destacaba la de tolueno y chileno que suponen, según el Instituto Nacional de Toxicología, «un grave riesgo de afección|afición a la calidad del agua pueda entrar en contacto por escorrentia o infiltración». En concreto, las muestras refirieron la presencia de entre 202 y 331 miligramos de tolueno por kilo; y de entre 176 y 321 miligramos de chileno por kilo del suelo.

Según el informe de la Agencia de Residuos de Cataluña, el suelo afectado abarca una distancia horizontal de cinco metros, desde la fosa|foso, y de 35 metros de profundidad, que podría llegar a alcanzar los 225 metros cuadrados de superficie, si bien, «una vez extraídos los residuos ya no puede considerarse contaminado y el riesgo es aceptable».

El ministerio público concluye que el desalojo periódico de los residuos tóxicos en la cavidad subterránea se portaban a término en beneficio de las empresas y, por lo tanto, de sus administradores; y «por disposición, conocimiento, encargo y aquiescencia” de estos y de los gerentes. Según el fiscal, con la oposición de cualquiera de los acusados no se hubieran podido llevar a cabo los vertidos.

Penas de hasta tres años de prisión

Según la fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de depósito ilegal del artículo 328.1 del Código Penal, en su redacción posterior a la reforma del 2010 o, alternativamente, de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente -delito ecológico del artículo 325 del Código Penal-, en su redacción posterior a la reforma del 2010.

Por el delito de depósito ilegal, la fiscalía solicita un año y medio de prisión, multa de 4.320 euros, y la inhabilitación para el ejercicio de una profesión u oficio relacionados con la protección del medio ambiente durante un año y medio. Por la tipificación alternativa de delito ecológico, el ministerio púbico reclama tres años de prisión, multa de 5.400 euros y la inhabilitación por dos años.

Además, solicita que los acusados indemnicen, de forma conjunta, al Instituto Nacional de Toxicología con 2.418,18 euros y, en la Agencia Catalana de Residuos, con 2.531,18 euros, por los costes derivados de su actuación en el procedimiento. El juicio se celebrará este viernes en el juzgado de lo penal de Tortosa y están citadas a declarar cerca de una veintena de personas, entre testigos y peritos.

tracking