Investigan a los responsables de una empresa de transportes por falsificación documental de los vehículos

Agentes de la patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Sant Carlers de la Ràpita investigan dos vecinos de Amposta de 20 y 42 años como presuntos autores de un delito de falsedad documental en vehículos pesados de transporte de mercancías.

A mediados del mes de marzo, durante una inspección fiscal en un parking de Amposta, se realizó la prueba de gasóleos en un vehículo pesado que acababa de acceder, detectando que utilizaba gasóleo bonificado tipo B, el cual está prohibido por este tipo de vehículos dedicados al transporte. El conductor, después de que se le solicitara la documentación, dijo que no la tenía y que la tenía en la sede social de la empresa, motivo por el cual se inmovilizó el vehículo en el aparcamiento.

Posteriormente, los agentes actuantes se desplazaron hasta la sede social de la mercantil, ubicada en la misma localidad, con la finalidad de comprobar la documentación del vehículo inmovilizado, así como la inspección de los depósitos petrolíferos utilizados para el respostatge de vehículos. Desde el exterior de la empresa, los agentes descubrieron que uno de los vehículos pesados estacionado en el interior tenía las mismas placas de matrícula que lo que se había inmovilizado, cosa que apuntaba a la probable falsificación de placas de matrícula.

La tarde del 16 de marzo los agentes registraron el interior del emrpesa, donde localizaron dos vehículos pesados dedicados al transporte de mercancías que presentaban alteraciones en el número de chasis, habiendo sido sacadas las placas originales correspondientes al número de bastidor. También, en una zona reservada en taller, se descubrieron 21 placas de matrícula, pertenecientes a otros vehículos, varias placas con número de bastidor, material para su instalación, así como un depósito conteniendo 4.000 litros de gasóleo bonificado que quedó precintado para observar varias infracciones administrativas.

Posteriormente la Guardia Civil realizó varias investigaciones con la finalidad de localizar los vehículos originales, de los cuales los investigados habían duplicado las placas de matrícula, localizando a uno de ellos que pertenecía a una empresa diferente, ajena a los hechos, ubicada en Deltebre.

Durante las actuaciones realizadas, también se detectaron varias infracciones administrativas ejecutadas por los implicados, confeccionado 8 actos-denuncia; 2 por infracciones tributarias a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, 3 a la Ley 21/1992 de Seguridad Industrial y 3 en el Decreto Legislativo 1/2009 regulador de Residus, cuya sanción en su totalidad podría ascender además de 1 millón de euros.

Después de la toma de declaración en calidad de investigados, los responsables de la mercantil fueron puestos a disposición del juzgado de funciones de guardia de Amposta, como presuntos autores de cinco delitos de falsificación documental, en modalidad de delito continuado.