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El BEI se desentiende del Castor porque «ya no participa en la financiación»

El Banco Europeo de inversiones no tomará ninguna medida al respecto.

El ministro de Energía reconoce un «grave error de diseño» detrás de los terremotos provocados por el Castor

Nadal vuelve a dar largas sobre el desmantelamiento de las instalaciones después de la reciente aprobación de una nueva proposición no de ley que lo reclama

Actualizada 21/02/2018 a las 12:53

El gobierno español empieza a admitir públicamente que el diseño técnico del proyecto Castor estaba plagado, como mínimo, de graves errores que acabaron desembocando en la oleada sísmica de más de un millar de terremotos y su cierre. «Un proyecto demasiado grande, demasiado caro y que, encima, tenía un error de diseño tan grave que provocó todos los problemas que provocó», ha asegurado al pleno del Congreso de los Diputados este miércoles por la mañana el ministro de Energia, Álvaro Nadal. Hasta estos momentos, la versión oficial se aferraba a la interpretación del estudio encargado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard según la cual la inyección de gas era la causante de los seísmos a partir de septiembre de 2013 pero, al mismo tiempo, no se podía responsabilizar a la empresa promotora, Escal UGS, porque con la tecnología y los conocimientos de aquel momento no podía prever las consecuencias. Aunque el ministro no ha dado detalles sobre este «error de diseño», su mención por primera vez cambia esta justificación.

Nadal ha efectuado esta afirmación cuando respondía la pregunta planteada por el diputado tarraconense de ERC, Jordi Salvador, sobre el calendario y los estudios previstos para proceder al desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor. Después de volver a cargar las culpas de su materialización al anterior gobierno del PSOE, una estrategia habitual del ministro y del gobierno del PP cuando se refieren públicamente a la cuestión, ha intentado reforzar sus argumentos con las también ya conocidas referencias al excesivo coste y dimensiones. Esta vez, sin embargo, ha añadido también el argumento, por primera vez, de un «error de diseño tan grave» como causante de los terremotos que llevó al cierre de las instalaciones. Nadal no ha dado ningún detalle más.

No se trata de una cuestión en absoluto trivial en el contexto del debate suscitado por el pago de la indemnización multimillonaria por unas instalaciones que, según Nadal, nunca más se podrán poner en funcionamiento. Sobre el papel, el real decreto de octubre de 2014 que aprobaba indemnizar con 1.350 millones de euros a la empresa controlada por Florentino Pérez, anulado ahora en parte por el Tribunal Constitucional (TC), preveía que el gobierno español se reservaba el derecho, a lo largo de los diez años siguientes, a reclamar responsabilidades en el concesionario por los «eventuales vicios o defectos» que pudieran presentar las instalaciones. Así queda recogido en el artículo 2.2 del mencionado decreto, que no ha resultado afectado por la declaración de inconstitucionalidad del alto tribunal.

La exigencia de responsabilidades en el exconcesionario viene ya de lejos y, de momento, no ha encontrado resonancia gubernamental: ha sido uno de los argumentos centrales de la lucha abierta por la Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras del Sénia, del Síndic de Greuges y aparecía también en el recurso presentado por la Generalitat, el Parlament y el PSOE delante del TC. Los informes oficiales previos del Instituto Geológico y Minero (IGME) ya revelaban que los promotores, posiblemente a partir de una concepción errónea del almacén, no habrían dejado margen de seguridad y habrían incumplido el código de buenas prácticas a la hora de inyectar gas en el almacén. Más allá de sus interpretaciones finales, el informe del MIT y Harvard apuntaba también que los parámetros sobre los cuales se basó el diseño geológico del proyecto no coincidían con sus modelos, especialmente con respecto a la porosidad, la capacidad de almacenamiento del yacimiento, que Escal UGS amaba entre los 16 y el 25%, mientras que el informe norteamericano lo limita a un máximo del 5,5%.

Pero aunque el episodio sísmico es todavía objeto de una investigación en el juzgado de Vinaròs, las implicaciones técnicas y geológicas en el origen del fiasco parecen lejos todavía de centra la atención judicial del caso. En este sentido, un informe del Síndic de Greuges, que cuenta con el aval de colegios profesionales catalanes como el de geólogos, reclama a las autoridad –tanto judiciales, administrativas como europeas- que se efectúe una auditoría técnica completa del proyecto para determinar si las bases sobre las cuales la empresa de Florentino Pérez ejecutó el Castor tenían fundamento científico o se basaban, esencialmente, en especulaciones infundadas.

Ni estudios, ni calendario para el desmantelamiento
El ministro, por otra parte, ha vuelto a dar largas a la demanda de desmantelamiento inmediato de las instalaciones del Castor, después de la proposición no de ley aprobada hace una semana por amplia mayoría a la Comisión de Energía del Congreso con la abstención del PP que instaba al gobierno español a actuar en este sentido. Salvador le reclamaba un calendario concreto, así como la financiación y las instituciones o expertos a los cuales se tenían que encargar los estudios para proceder a la operación. «Sabemos que hay centenares de pozos que están siendo sellados de una forma más barata y de forma inmediata. ¿Han pedido estudios alternativos para el sellado y no sólo para sacar el gas? Me parece que el gas no se podrá sacar nunca más, pero sellarlo sí», ha inquirido el diputado republicano, reclamando al gobierno español «transparencia» sobre la cuestión y evitar «frustrar» las expectativas de los ciudadanos después de la aprobación de la proposición no de ley.

«Estamos de acuerdo que se tiene que desmantelar el Castor, que no se pueden hacer proyectos de estas características y se tiene que hacer de la mejor forma posible para evitar ningún riesgo en las poblaciones próximas y no hayan problemas adicionales. No se tiene que hacer una cuestión política de eso, de presionar en el gobierno y ser imprudentes, antes de tener los análisis adecuados,» ha respondido Nadal de forma evasiva. En realidad, no ha hecho mención del encargo de ningún estudio y ha precisado que son los técnicos de Enagás, responsable del mantenimiento de las instalaciones, los que «vigilan continuamente» el proyecto Castor. «Cuando nos digan los técnicos que tenemos la posibilidad lo haremos. No hagamos una cuestión política. Dejamos que los ingeniero sigan trabajando, ha cerrado.
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