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Instal·lacions marines del Castor amb Vinaròs i la costa del Baix Maestrat al fons.

El 'informe de Shell': una advertencia premonitoria sobre los riesgos sísmicos de operar en la zona del Castor

Instalaciones marinas del Castor con Vinaròs y la costa del Baix Maestrat en el fondo.

El 'informe de Shell': una advertencia premonitoria sobre los riesgos sísmicos de operar en la zona del Castor

El estudio, redactado para justificar un sismógrafo submarino en la explotación petrolera de Casablanca, sirvió a la Plataforma del Sénia para alertar sobre los peligros del proyecto

Actualizada 14/11/2017 a las 14:57

El 15 de mayo de 1995, cuando ya se estaba gestando la idea del proyecto Castor, un terremoto de 4,8 grados en la escala de Richter sacudía toda la costa catalana. Localizado en torno a la plataforma petrolera Casablanca de Repsol, delante de la costa del Ebro, el seísmo impulsó el entonces Instituto Geológico de Cataluña y el Observatorio del Ebro a instalar el primer sismógrafo submarino del Estado español. Para justificar el proyecto, la entonces sismóloga del Observatorio, Arantza Ugalde, redactó un estudio sobre el incremento de la actividad sísmica en la zona durante el periodo de producción de hidrocarburos por parte de Repsol y Shell. Concluía la necesidad de estudiar el riesgo sísmico potencial, tanto por la seguridad de las actividades industriales semillas existentes como de las futuras. La Plataforma Ciudadana en defensa de las Terres del Sénia, que encontró casualmente parte del documento y lo bautizó como el 'informe de Shell', comprobó que sus temores no eran infundados. En cambio, la promotora del proyecto Castor, Escal UGS, que está siendo investigada por causar más de un millar de seísmos, desoyó reiteradamente estas advertencias.

La compañía anglo-holandesa Shell lideraba el consorcio público-privado que entre 1973 y 1989 explotó el petróleo del yacimiento Amposta, posteriormente reconvertido en el almacén de gas Castor. Partiendo de la constatación de que la zona no presentaba una importante actividad sísmica registrada, la petrolera no llegó nunca a encargar la redacción de un estudio sobre este riesgo. Fue en el momento que el Instituto Geológico de Cataluña y el Observatorio del Ebro decidieron impulsar, a raíz del terremoto de 1995, la ubicación en Casablanca del sismógrafo -instalado definitivamente a finales de 2007, pero actualmente fuera de servicio y retirado a la espera de que se puedan sustituir algunas piezas estropeadas después de unos años en el fondo del mar-, que Ugalde redactó el informe para fundamentar la petición de financiación pública estatal y de la Generalitat.

El objetivo era analizar la actividad sísmica histórica en la zona marítima donde desde los años 70 del pasado siglo se concentraban las explotaciones petroleras: de las costas del Maestrat hasta Tarragona. Allí, precisamente, se localizan varias fallas activas, según han constatado varios estudios geológicos. En las únicas dos páginas que la Plataforma consiguió salvar a raíz de una búsqueda intensiva de información en Internet, se analizan los diferentes terremotos registrados a lo largo de dos periodos de tiempo –antes de 1986, por un lado, y entre 1987 y 1998, por el otro- en la zona situada en el «mar en el este del delta del Ebro»: se concentran, principalmente, en torno a Casablanca y los pozos próximos, así como en la zona del yacimiento Amposta, que explotaba Shell, unos 60 kilómetros más al sur. Destaca el estudio que, durante este tiempo, «no sólo ha aumentado el número totales de acontecimientos sísmicos ocurridos, sino también la magnitud de los mismos». Hasta el punto, añade, que «algunos de este terremotos ha presentado, incluso, magnitudes comprendidas entre 4 y 5 y han sido percibidos por la población»: uno en el año 1987 y hasta tres en 1995.

De acuerdo con el análisis de Ugalde, hasta a principios de los 80, la energía acumulada que liberaron los terremotos siguiendo una pendiente creciente y se incrementa a partir de 1982, «indicando un cambio brusco en la energía liberada en la zona». Una pendiente que se mantiene hasta 1994, cuando se produce otro «cambio brusco» en esta cantidad de energía liberada. El informe, además, reconoce que, más allá de los terremotos de cierta magnitud detectados por las estaciones existentes entonces existentes, «puede existir una actividad sísmica en menor escala que es imposible de estudiar con la distribución» de la red en aquel momento. Considera, delante de todo, «imprescindible la monitorización de esta sismicidad de baja magnitud, usualmente mucho más frecuente, de cara a la evaluación probabilística de la peligrosidad sísmica de esta zona».

Consecuencias sísmicas de la actividad petrolera
Cuando Toni Martín leyó con detenimiento este documento en la pantalla de su ordenador, enseguida fue consciente de que no se trataba de un informe cualquiera. Era hacia el año 2008, poco después de que el proyecto Castor apareciera a la luz pública, con la Plataforma Ciudadana en defensa del Sénia empezando a organizarse y buscando información para plantar cara en el almacén de gas submarino. «Tropezamos con un documento que nos da la razón: que hay una empresa que hacía la explotación y se ha producido un aumento de la sismicidad. Alerta de que si en un futuro hay nuevas explotaciones, puede incrementarse la sismicidad y el peligro si no se estudia adecuadamente el riesgo y se aplican medidas correctoras», constata Martín.

Después de debatirlo con los compañeros de la Plataforma, el movimiento social vio confirmada su preocupación sobre el peligro que podía tener la instalación del almacén de gas submarino en una zona donde la actividad petrolera ya había tenido consecuencias sísmicas. «Pensábamos que era un fragmento de un informe más cumplido. Dijimos que era de Shell porque era la empresa que hacía la extracción en el yacimiento Amposta. Fue importante porque de la parte de sismicidad no teníamos información, habíamos dirigido toda la atención hacia la planta terrestre. Se desvió la atención por parte de la empresa y la administración no dando información sobre el riesgo al mar: hay un yacimiento sobre la falla y, cuando aplicas presión, se mueve», resume la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverter.

Escal UGS se desentiende del riesgo
Los portavoces de la entidad llegaron a trasladar la inquietud que les había generado el contenido del informe a los representantes de la misma empresa promotora, Escal UGS, en el marco de los contactos que establecieron inicialmente. Su presidente, Recaredo del Potro, y otros representantes del exconcesionario los tildaron de «alarmistas» negando tajantemente que existiera algún peligro sísmico. «Es una pena que todo lo que apuntamos no se estudió y de la inacción hay consecuencias: los terremotos», añade Reverter. Del Potro y sus colaboradores técnicos, de hecho, ya conocen esta advertencia desde hacía tiempo. La misma Ugalde, precisamente, había sido la encargada de responder en nombre del Observatorio del Ebro las alegaciones al primer trámite de estudio de impacto ambiental del proyecto Castor. El documento, del año 2005 y que consta en el expediente de tramitación del proyecto, volvía a advertir sobre la necesidad de efectuar un estudio de riesgo sísmico y monitorizar de forma esmerada cualquiera una actividad «conocida mundialmente como inductor de terremotos». La empresa, sin embargo, rechazó de forma sistemática y reiterada –tal y como consta, incluso, en los documentos de la Evaluación de Impacto ambiental- la necesidad de estudiar esta posibilidad basándose en una concepción geológica del almacén y su modelo dinámico que nunca ha podido demostrar.

Actualmente, del Potro, el exdirector técnico, Carlos Barat, y todo el consejo de administración d'Escal UGS –junto con funcionarios y cargos de la administración socialista que tramitaron el proyecto-, se encuentran entre la veintena de investigados en las diligencias abiertas en el juzgado número 4 de Vinaròs por supuestos delitos ambientales y de prevaricación ambiental en la generación de más de un millar de terremotos a partir de las pruebas de inyección de gas el otoño de 2013 –hasta una magnitud máxima de 4,3. Durante las sucesivas declaraciones de investigados y testigos de los últimos meses, una de las grandes obsesiones de los abogados del exconcesionario fue intentar desacreditar la Plataforma e intentar demostrar por todos los medios la inexistencia de un informe elaborado por Shell –en la cual habían adquirido documentación para basar su proyecto- que podía poner en evidencia su inacción. «La empresa se defiende atacante el continente, no el contenido. Le podemos dar el nombre que nos dé la gana. Lo hace un técnico y lo importante no es como se llama sino lo que ha escrito», defiende el portavoz de la Plataforma, Evelio Monfort.

Un fenómeno conocido por la industria
Ugalde, que siempre ha reconocido la autoría y el objetivo del documento, ha declinado hacerlo público en su totalidad. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña ha corroborado la veracidad de los datos que se plasman. El geólogo y profesor de la UB, Josep Giner, que ha seguido de cerca la evolución del proyecto Castor, entiende que el informe pone en evidencia un fenómeno que no resulta «extraño» dentro del mundo del petróleo. El encargo del estudio a su momento, abunda Giner, no es fruto de la casualidad. La extracción de crudo podría haber modificado las condiciones de los esfuerzos que afectan a las fallas e incrementar la sismicidad. «Cuando inyectas gas todavía es más grave: creas sobrepresiones para desplazar fluidos en contra de su tendencia natural, que es subir hacia arriba,» recuerda. Una tesis que, a grandes rasgos, abona también el informe encargado por el gobierno español en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard: el estrés que las sobrepresiones de la inyección de gas al Castor habría causado sobre la falla lo habría desestabilizado, hasta el punto que una nueva carga o extracción de gas que podría quedar todavía en el almacén podría provocar nuevos seísmos, de hasta 6,8 grados de magnitud, concretamente.

Unas fallas que, en todo caso, recuerda Giner, tenían que ser activas, circunstancia que Escal UGS, a pesar de conocer, nunca consideró como un factor de riesgo. De hecho, la defensa de la empresa se ha aferrado sistemáticamente al argumento de que la zona donde se encuentra el proyecto Castor era una de las de más baja actividad sísmica del territorio estatal. «Eso es evidente, pero en términos geológicos no quiere decir nada. Hay registros sísmicos de hace sólo décadas o un centenar de años. Si la falla se hubiese movido hace 3.000 años con un seísmo de 7,2 grados no tenemos constancia, pero se movió. Una falla que se ha movido hace 3.000 años es activa y todas las de la costa de Tarragona lo son, afectando a los sedimentos cuaternarios más actuales,» constata.
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